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@OscarCoLatino
Las instituciones públicas están obligadas a entregar cierta información a los ciudadanos que así lo soliciten, here cialis de no ser posible entregar la información, la institución debe explicar las causas por las que no es brindada al solicitante.
Basado en su derecho al acceso a la información, Mario Valiente, ex diputado de ARENA, pidió a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), información relacionada con la construcción de la presa El Chaparral.
La información le fue denegada, ya que según explicó Oscar Lara, miembro de equipo jurídico de CEL, la información solicitada tiene reserva judicial establecida por el Juzgado de Paz del municipio de San Luis de la Reina, del departamento de San Miguel.
Sin embargo, Valiente apeló la decisión de denegar la información, argumentando que no existe reserva de información y que por lo mismo ésta debió serle entregada.
Por ello, el equipo jurídico de CEL solicitó una audiencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para probar ante dicha instancia que existe la reserva judicial.
Abogados de CEL presentaron ante los oficiales del IAIP escritos enviados por el Juez de Paz, que le ordena no divulgar la información.
El jurídico de la autónoma indicó que de entregar la información solicitada por Valiente se entorpecería la investigación que ejecuta la Fiscalía General de la República (FGR).
“Si CEL brindara la información requerida por el ciudadano, nuestro Oficial de Información incurriría en un delito. Creo que él (Valiente) lo desconoce, actuó, me imagino, de buena fe, solicitando una información y por ello tiene derecho a conocer si esa respuesta del Oficial de Información tiene sustento o no”, explicó Lara.
El equipo jurídico de CEL indicó que las únicas partes que pueden conocer la información solicitada por Valiente son “las partes vinculadas en la investigación”, que en este caso son, la FGR y CEL.
“En el marco de la investigación del proceso penal, lo que deriva de la investigación, concentrado en un acto de comprobación, dirigido por el Juez de Paz, CEL no puede revelar información, hay prohibición judicial”, aseveró Lara.
Entregar la información solicitada por Valiente, podría entorpecer la investigación judicial desarrollada por la FGR, “el Fiscal General a través de sus auxiliares ha considerado que el brindar esa información podría volver ineficaz la investigación”, agregó Lara.
Valiente comentó que solicitó información debido a algunas circunstancias en torno a la construcción de la presa, entre ellas el arreglo directo entre CEL y la empresa constructora, por este arreglo se cancelaron más de $20 millones, que suman $108.5 millones con lo entregado por el pago de lo realizado en la construcción de la obra.
