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MEXICO/Xinhua
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) instaló hoy formalmente su grupo especializado anticorrupción, encargado del análisis e intercambio de buenas prácticas, experiencias e información sobre el enfrentamiento a la corrupción en el área.
El Grupo Especializado en la Prevención y Lucha contra la Corrupción (GEPLC) contará con representantes técnicos de cada uno de los Estados miembros de la CELAC y se reunirá periódicamente para cumplir los objetivos y acuerdos alcanzados por ésta, detalló la organización en un comunicado.
El GEPLC realizará sus funciones con “estricto respeto a la soberanía” de cada uno de los integrantes de la CELAC, agregó el organismo en el documento, suscrito de conjunto con las secretarías (ministerios) de Relaciones Exteriores y de Función Pública de México, país que ostenta la presidencia “pro tempore” de la CELAC desde 2020.
La entidad explicó, además, que el grupo instalado promoverá y facilitará la concertación política regional y la colaboración entre los Estados miembros para el enfrentamiento a la corrupción.
Los representantes de las naciones que integran la CELAC y participaron en la V Reunión Ministerial de Prevención y Lucha contra la Corrupción del organismo, celebrada de manera virtual este miércoles desde la capital mexicana, aprobaron los Lineamientos Operacionales del GEPLC y su Programa de Trabajo para 2022.
Este último se enfoca en “temas prioritarios para la región como la ética en el servicio público, la integridad empresarial, gobierno y datos abiertos, y la protección a los denunciantes y alertadores de la corrupción”, subrayó la CELAC. Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe han arrojado que en la región existe un extenso malestar ante los episodios de corrupción político-administrativa.
Según el organismo, en 2018 el 80 por ciento de los latinoamericanos consideraba que sus gobiernos habían estado involucrados en episodios de corrupción e coincidencia. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo de 2018 señaló que esta práctica ilegal le cuesta 220.000 millones de dólares anuales a la región.
