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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica conmemoró los 7 años de la prohibición de la minería metálica en El Salvador, “producto de una lucha histórica”, con la que logró que El Salvador sea el único país en el mundo en poseer una normativa contra una práctica que tiene impactos gravísimos al medio ambiente.
Las organizaciones ambientalistas: Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN ) y el Movimiento Ecofeminista de El Salvador, reiteraron la “urgencia” de implementar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y frenar la contaminación del agua.
Ariela González, integrante de la Mesa Nacinal Frente a la Minería, hizo una reseña de esa lucha comunitaria y social, que consistió en toda una lucha en las calles y comunidades hasta la aprobación por la Asamblea Legislativa, el 17 de marzo de 2017, por unanimidad, de la ley que prohibe la minería metálica en El Salvador.
Sin embargo, ha surgido la preocupación, nuevamente, por los últimos acontecimientos que son una amenaza latente para las poblaciones más vulnerables en el país. “Como sabemos, la ley de prohibición a la minería, mandó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Ministerio de Economía, abordar la situación de remediación ambiental y económica de las comunidades donde se encuentran los pasivos mineros en los departamentos de Morazán Chalatenango y Cabañas, que es muy grave y no se ha hecho”, recordó.
“Así también, pese al marco regulatorio que prohíbe esta industria extractiva, el Estado de El Salvador está entablando diálogos con otros países mineros y foros en economía mundial que se dedican a este rubro, y llama la atención que un país que tiene prohibida esta industria se meta hablar con estas instituciones internacionales”, expresó González.
González se refirió a la minería transfronteriza, en específico el proyecto minero Cerro Blanco, en Asunción Mita, Guatemala, como una amenaza por su drenaje ácido y metales pesados que se depositarían en la cuenca Ostua-Güija-Lempa, este último el mayor afluente para el agua consumida en el país.
“Hemos visto, como poco o nada ha hecho la administración actual sobre el tema de la minería transfronteriza. Y nada más ha hecho un llamado escueto sobre el tema a las autoridades de Guatemala, pero no hemos visto voluntad de entablar un diálogo para proteger nuestra columna vertebral de abastecimiento de agua potable que es el río Lempa”, reiteró González.
Ecofeminismo El Salvador
Miriam Alas, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador, se refirió a las amenazas a aguas superficiales, mantos acuíferos y ríos, por la contaminación ambiental, así como por los 50 proyectos mineros a lo largo de la línea transfronteriza de El Salvador con sus vecinos centroamericanos, por lo que era necesario establecer que la problemática ambiental que genera la minería metálica en bienes hídricos, impacta de forma diferenciada a las mujeres e intergeneracionalmente.
“Los impactos de la minería provocan malestar en la salud y vida de la población e impactan directamente en el recurso hídrico. Y esto en especial afecta a las mujeres que somos las más perjudicadas, ya que tenemos a cargo todos el trabajo del hogar y los cuidados familiares”, dijo.
“Si no hay agua, somos nosotras las que debemos buscar maneras para encontrarla para llevarla a los hogares. Sin importar hasta dónde vamos a llegar buscándola. Sabemos que no hacen nada con esta ley que prohíbe la minería y no hay acciones claras para erradicar la amenaza de la minería transfronteriza y eso es preocupante”, sostuvo Alas.
Ambientalistas perseguidos
Vidalina Morales, directiva de ADES- Santa Marta, reiteró, su denuncia y el rechazo contra la “criminalización de los cinco ambientalistas”, líderes comunitarios de la Comunidad Santa Marta, San Isidro Cabañas, que defienden el recurso hídrico ante la minería metálica.
Los líderes ambientalistas son Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, de la comunidad y directivos ADES-Santa Marta, quienes fueron capturados en la madrugada del 11 de enero de 2023, por un combinado de policías y militares, por órden de la Fiscalía General de la República, que mantiene en zozobra los derechos de las personas defensoras en el país, afirmó Vidalina Morales.
“Desde estos estos espacios como ACAFREMIN, Movimiento Ecofeminista de El Salvador y la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, rechazamos rotundamente la criminalización de nuestros cinco compañeros ambientalistas que han sido procesados desde el pasado 11 de enero de 2023, y aún continúan en arresto domiciliar”, señaló.
“Rechazamos la criminalización del sistema judicial contra los cinco defensores ambientales de Cabañas, que sin presentar evidencias sobre un caso que les imputan, están tratando de desarticular el movimiento ambiental. Esperamos su audiencia el próximo 3 de abril, para que los liberen”, expresó Morales.
Peticiones al Estado salvadoreño
La Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), el Movimiento Ecofeminista de El Salvador y la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica reiteraron el llamado al presidente de la República, Nayib Bukele, trabajar por una sociedad más inclusiva, en donde todos los sectores sean consultados, respetar su voz y tener participación en temas de país.
“Le hacemos un llamado a la presidencia de la república a generar espacios de diálogos y la participación con distintos sectores cumpliento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica para cerrar técnicos de pasivos mineros y procesos de remediación ambiental”, indicó.
“Y, estudiar la propuesta de un nuevo Reglamento de Minería Metálica, elaborado por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, presentada en noviembre de 2022 a Casa Presidencial.
Mientras que a la Asamblea Legislativa exijen la rendición de cuentas ante la problemática de la contaminación de empresas mineras”, puntualizaron las organizaciones pro ambientalistas.
