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José M Tojeira
Hemos celebrado una vez más la firma de los Acuerdos de Paz. Pero ni siquiera ahora nos ponemos de acuerdo a pesar de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que nos ofrece la posibilidad de cumplir un punto clave de lo que se firmó y que nunca se cumplió. Efectivamente, las partes firmantes de los acuerdos, ARENA y FMLN ratificaron hace 28 años el siguiente texto que merece la pena repetir especialmente en la actual coyuntura: “se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los Derechos Humanos. A tal fin las partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio, que las partes igualmente reconocen de que hechos de esta naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se apliquen a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley”. Es el numeral 5 del Capítulo I de los Acuerdos de Paz firmados en Ciudad de México, el 16 de enero de 1992.
Todos sabemos que este compromiso no se cumplió. Es más, las propias partes nunca tuvieron interés o intención real de cumplirlo. Hoy, que estamos a punto de aprobar una ley llamada de Reconciliación Nacional, debemos tener en cuenta al fin este compromiso que tanto ha dividido a la sociedad salvadoreña y cuyo incumplimiento tanto ha abonado a la cultura de la impunidad y la violencia que hasta el presente estamos sufriendo. El hecho de que le llamemos Ley de Reconciliación a una ley que pretende subsanar el error de la Ley de Amnistía nos exige ser serios y retornar a un clima de diálogo en el que se puedan unir los requisitos de una justicia de transición, generalmente necesaria después de guerras civiles, con el cumplimiento del texto mencionado de los Acuerdos de Paz.
Si optamos por la justicia transicional y no por la ordinaria, no podemos caer en el error de introducir en ella una especie de amnistía disimulada. Pero también, a parte de los otros puntos de reconciliación y reparación que incluye dicha justicia, no podemos establecer penas de prisión absurdas que, en las actuales circunstancias, dado el tiempo transcurrido desde la guerra, pudieran equivaler a penas perpetuas o incluso a pena de muerte, ambas prohibidas por nuestra Constitución. Ni tampoco negar los beneficios penitenciarios ordinarios vigentes para todos los infractores de la ley privados legalmente de libertad. En ese sentido es imprescindible un diálogo entre las partes actuales del debate, que son la Asamblea Legislativa y las víctimas y sus representantes, no para ver quién se sale con la suya sino para acercar posiciones. La propia Ley de Reconciliación incluso debería tener un apartado para que aquellas personas condenadas y encarceladas por crímenes del tiempo de la guerra civil antes de la vigencia de dicha próxima ley, pudieran acogerse a la lenidad propia de la justicia de transición.
Llegar a un acuerdo nos honraría a todos. Las víctimas y sus defensores han hecho un proyecto que en la parte de la justicia penal es realmente generoso con los victimarios. La Asamblea Legislativa que inició redactando proyectos que incluían claramente una Ley de Amnistía disfrazada de ley penal, ha ido avanzando hacia una posición más cercana con la justicia de transición, aunque todavía le queda por avanzar para llegar a la coherencia con la misma. El bien del país exige a ambas partes un mayor diálogo y acercamiento. Las víctimas que siempre han sido las más generosas a la hora de enfrentar su situación, pueden todavía avanzar un poco más en generosidad sin traicionar la necesaria justicia penal. Y la Asamblea Legislativa si desea cumplir adecuadamente tanto con el mandato de la Corte Suprema como con los Acuerdos de Paz, debe escuchar más a las víctimas, entenderlas, considerar sus posiciones y avanzar con mayor claridad y responsabilidad en el tema de la justicia penal. Cumplir con ese acuerdo de paz tan olvidado y depreciado desde hace 28 años, sería realmente avanzar en la construcción de una cultura de paz salvadoreña que vaya venciendo la tradicional impunidad y la tendencia a despreciar e ignorar del dolor de las víctimas.
