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Carlos Mauricio Hernández
El pasado 16 de enero se celebraron 23 años de la Firma de los Acuerdos de Paz llevada a cabo en el Castillo de Chapultepec, search México, entre la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno. En el evento conmemorativo de este año, se tuvo la visita del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) quien en su discurso expresó la admiración por El Salvador, ya que se trató de un hecho ejemplar para otras regiones del mundo sumergidas en conflictos. No es fácil terminar por la vía de la negociación una cruenta guerra civil. Este parece ser fue el gran mensaje de Ban Ki-moon. En esta línea se escuchó el discurso emotivo del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén que recordó la ilusión que les despertó aquel suceso histórico por construir un país sin represión política con un Estado respetuoso de los derechos humanos, de la legalidad y los principios democráticos.
En contraste con este acto, diferentes medios de comunicación hicieron eco de una idea ampliamente difundida que lleva a generar confusiones en un público no advertido de las tendencias político electorales que tienen tras de sí estos transmisores de noticias. Fue significativo encontrar en algunos periódicos caricaturas donde hacía alusión que no tiene sentido celebrar los Acuerdos de Paz en El Salvador puesto que no existe paz verdadera. Los altos índices de homicidios son la prueba fehaciente de ello. La conclusión a la que se llega es que no hay paz porque hay violencia, y esto es culpa del gobierno de Sánchez Cerén y la Policía Nacional Civil quienes han fracasado en el enfrentamiento de este flagelo social.
Como toda mentira, este tipo de posturas, tienen a su base una realidad evidente. En este caso los altos índices de criminalidad registrados en el país son innegables. No obstante, colegir de este fenómeno el que no se tenga nada que celebrar, es ignorar que durante la década de los setenta y ochenta, si una persona era sorprendida escuchando música del grupo venezolano “Los Guaraguao”, corría el riesgo de ser acusada de “guerrillera” o “comunista”. En ese tiempo ser sospechoso de este tipo de epítetos fácilmente conllevaba a maltratos por parte del ejército, la cárcel e incluso ser abatido por grupos paramilitares. Lo mismo sucedía si alguien entraba a formar parte de la oposición política. Recuérdese los fraudes comprobados de las elecciones presidenciales de 1972 y 1977, donde los militares impidieron el triunfo de quienes en ese momento debieron asumir el Ejecutivo de haber respetado la legalidad y la voluntad de la mayoría.
Antes y durante la guerra civil salvadoreña el Estado se había convertido en un aparato represivo. No se respetó el derecho a la oposición política, a disentir de la visión de mundo de los grupos dominantes, a la libre expresión política e incluso religiosa. Cualquier intento por transformar el país, por democratizarlo, por construir una sociedad más justa fue desmeritado e incluso criminalizado. Esta miopía política de los militares y de “personas influyentes” (u oligarquía económica) de la época llevó a echar en el mismo saco a las organizaciones sociales o populares, a la iglesia comprometida con los pobres, a académicos con sensibilidad social, a intelectuales críticos del orden político dominante con los grupos armados de oposición (guerrillas).
Así, quienes dirigían el Estado, en lugar de dialogar, apelaron al discurso de seguridad nacional frente a la agresión comunista internacional y justificaron muchos vejámenes contra una parte de la ciudadanía. Alimentaron de esta manera el caldo para desencadenar el conflicto armado. Tergiversaron el fin para el cual existe el espacio político: resolver los problemas de la sociedad por medio de discusiones racionales en armonía con el principio del bien común. Utilizar lo político para ocupar la fuerza estatal en contra de la oposición política es una aberración. En esto cayeron nuestros líderes políticos del pasado.
El que ahora se pueda expresar la afiliación política abiertamente sin ser por ello condenable, el que militantes del FMLN hagan eventos en sitios públicos, estén en cargos de elección popular después de haber sido perseguidos políticos, no es poca cosa. Es un fenómeno que se debe valorar. Es sin duda un avance. Que no sea suficiente el haber salido de esta situación para lograr una paz verdadera, es innegable. Sólo cuando ya no exista impunidad, desigualdad económica irracional y se tenga un Estado (órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial) regido por la legalidad y la justicia se conseguirá la anhelada paz en su plenitud. Pero asegurar que estamos igual que en el período de la guerra civil es un anacronismo que puede ocultar opiniones malintencionadas con fines electorales. Habrá que tener cuidado con este tipo de aseveraciones simplistas con máscara de posturas críticas.
