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El Presidente de la República, doctor Salvador Sánchez Cerén, see reiteró el firme compromiso de su gobierno de garantizar seguridad y tranquilidad a todas las familias salvadoreñas, a través de la implementación de medidas urgentes, de carácter extraordinario, las cuales permitirán un combate más efectivo contra la criminalidad.
En su mensaje al pueblo salvadoreño, a través de una cadena nacional de radio y televisión, el mandatario precisó que “es momento de actuar juntos ante un desafío sin precedentes como la violencia” e hizo un llamado a la Asamblea Legislativa, al órgano Judicial, a la Fiscalía General de la República y a todas las instituciones a “centrar su atención en el clamor de las víctimas y en la construcción de un El Salvador seguro”.
“A partir de esta situación de violencia giré instrucciones al ministro de justicia y seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, para la inmediata vigencia del estado de emergencia en los siete centros penales donde se concentran miembros de pandillas”, dijo Sánchez Cerén.
Esta medida, en ejecución, es la primera de un proceso mayor de estricto control, vigilancia permanente, registros constantes y traslados penitenciarios. Este mecanismo solo se extiende por quince días prorrogables, “por lo que necesitamos aplicar la segunda fase de medidas para prolongar su aplicación”, sostuvo.
Además, informó que como segunda fase, este jueves, el Ejecutivo presentaría a la Asamblea Legislativa el decreto que contiene las Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios y Granjas Penitenciarias.
Finalidad de proteger a la población
De acuerdo con el jefe de Estado, estas disposiciones tienen por finalidad adecuar la infraestructura, asegurar la eficacia del sistema y proteger a la población de manera permanente de las acciones delictivas que se originan desde los centros penales.
Explicó también, que este decreto incluye medidas como la restricción o limitación de la libertad ambulatoria, la restricción o suspensión de visitas por el tiempo que sea necesario, y la suspensión y destitución de empleados que vulneren la administración de los penales.
“Establece que el corte de las telecomunicaciones en los espacios físicos donde están ubicados los centros penitenciarios. Esperamos contar con el apoyo de las empresas telefónicas y la comprensión de las comunidades cercanas que pueden ser afectadas”, indicó el gobernante.
Asimismo, añadió que adicional a estas medidas su gobierno prepara un conjunto de acciones de mayor cobertura para reforzar el control del territorio, mejorar la capacidad de respuesta y golpear directamente a estos grupos criminales.
“Vamos a realizar un mayor despliegue de nuestras fuerzas armadas en todo el territorio nacional. He ordenado al ministro de la defensa agilizar el proceso para convocar y contratar a mil efectivos de la reserva experimentada del ejército para actuar en funciones especiales”, anunció.
“Los criminales le han impuesto a nuestro pueblo un alto costo, no solo en vidas y sufrimiento, sino también en recursos que podrían ser destinados a la salud, la educación, a generar empleos, que son prioridades de mi gobierno”, dijo.
En este sentido, destacó que la lucha contra el crimen requiere recursos, por lo que calificó de “doloroso” que desde hace más de un año la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mantenga paralizados $900 millones en bonos.
“En este momento hay en la Asamblea Legislativa una petición de 1.200 millones de dólares y para la cual esperamos que la oposición dé sus votos. Recordemos que todos estos recursos son importantes para el efectivo accionar del Estado y echar andar estas y otras medidas que nos ayuden a garantizar integralmente la seguridad a la población”, afirmó.
