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Por Jennifer González Covarrubias
México/AFP
Carlos pasó de su tranquilo granero en El Salvador a un estruendoso y sobresaturado albergue de México para salvarse de la Mara Salvatrucha. Ahora, como miles de centroamericanos, prefiere pedir refugio aquí que enfrentar las políticas antimigración del presidente estadounidense Donald Trump.
México es cada vez más un país de destino que de tránsito a Estados Unidos para quienes huyen de la violencia en sus países con familias enteras.
Entre 2001 y 2016 el número de solicitudes al gobierno mexicano aumentó 1.000%, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El año pasado casi 9.000 personas solicitaron refugio y en 2017 la cifra podría ser más del doble. La tasa de respuestas positivas pasó de 46% en 2015 a 63% en 2016.
«La radicalización de algunas medidas con el nuevo gobierno norteamericano hace pensar se va a incrementar el número de solicitudes», advierte a la AFP el subsecretario mexicano de Migración, Humberto Roque Villanueva.
«Aquí se puede caminar»
Cuando Carlos, cuya identidad se omite por razones de seguridad, huyó de La Unión, en El Salvador, en marzo de 2016, no tenía claro cuál sería su destino final. Pero la victoria de Trump le hizo más fácil la decisión.
«Todos preferíamos Estados Unidos, pero de poco acá (…) toda la gente se va quedando» en México, «en parte» por Trump, dice en el pequeño y saturado refugio Casa Tochán, donde el rugido de los aviones impide por momentos escuchar su voz.
Trump «dice que no va a sacar (deportar) a todos, solo a las personas malas, pero no es cierto porque (los agentes migratorios) van a agarrar a una persona y agarran a todos los que estén en el lugar», reflexiona este salvadoreño de 43 años, moreno y delgado pero de músculos marcados.
Toda su vida se dedicó a la agricultura y era feliz solo viendo sus graneros llenos de ajonjolí y maíz.
Hasta que a su casa comenzaron a llegar integrantes de una pandilla para exigirle que les hiciera de comer, enemistándolo así con una de las maras más violenta del país, la Salvatrucha.
Vivía «con un gran miedo todo el tiempo» y aunque México «es peligroso (…) aquí puedes salir a caminar, hacer amistades», afirma.
Rocío, una hondureña de 25 años, huyó de Cortes, Honduras, en junio de 2016.
Una pandilla amenazó con matarlos a ella, su esposo y sus dos hijos pequeños cuando las ganancias de su negocio de ropa usada ya no alcanzaron para pagarles la extorsión semanal que denominan «impuesto de guerra».
Habían planeado contratar a un ‘pollero’ (traficante de personas) para entrar sin documentos a Estados Unidos por el temor a que sus verdugos los encontraran en México. Pero tras la elección de Trump lo reconsideraron, explica desde otro de los 60 albergues que gestionan organizaciones civiles y religiosas en el país.
«Cambiamos ya de parecer por ese presidente (…), imagínese como está ya deportando a la gente», comenta Rocío, cuya identidad también se omitió por motivos de seguridad.
Reclamos de rechazados
Durante la cumbre sobre refugiados de la ONU en septiembre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió facilitar los procedimientos de elegibilidad de asilado. Sin embargo, actualmente apenas medio centenar de funcionarios están dedicados a esa monumental tarea, de los cuales 29 son pagados por ACNUR.
Carlos y Rocío están entre los inmigrantes a quienes se les negó el estatus de refugiado, que les garantizaría no ser deportados y acceder a los sistemas públicos de salud y educativo.
Rocío y su familia solicitaron tres veces el refugio y Carlos llevó su caso a tribunales y ella espera que en un cuarto intento el gobierno finalmente los acoja como refugiados. Ambos casos fueron rechazados por falta de pruebas.
Roque Villanueva aseguró que el proceso de selección, que toma hasta tres meses, se flexibilizará, pero no especificó cómo.
A la gente «que de verdad necesita que les den los papeles, no se los dan, y los que salieron por gusto de sus casas sí se los dan», reclama Rocío con los puños cerrados de coraje.
Las solicitudes «siguen creciendo, entonces se requieren respuestas innovadoras, que permitan el procesamiento de solicitudes de una manera justa», señala José Francisco Sieber, oficial principal de protección de ACNUR.
Más de 400.000 personas cruzan la frontera sur de México cada año, según cifras oficiales.
