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Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
“No se vale que haya engañado a la gente para llegar a la presidencia y ahora esté cometiendo tantas violaciones, que está llevando al país a un colapso del que no vamos a poder salir, sino se le pone paro de inmediato”, advirtió José Melara, coordinador de la Alianza General El Salvador en Paz, tras denunciar los despidos injustificados de trabajadores de los Centros Penales que el gobierno de Bukele ha llevado a cabo.
Agentes custodios, personal administrativo, inspectores y subinspectores denunciaron, frente a las instalaciones de la Dirección General de Centros Penales, el despidos injustificados de 500 trabajadores por parte de la administración de Osiris Luna, entre ellas mujeres embarazadas, esto luego de ciertas irregularidades ilícitas dentro de los centros penitenciarios.
Stanley Quinteros, secretario general de SEJES 30 de junio, aseguró que las anomalías se deben al conocimiento de los trabajadores acerca de las acciones ilícitas del director general de Centros Penales, como el pacto y diálogo con miembros de estructuras delincuenciales.
“Ha despedido a trabajadores de centros penales porque sabe que ellos en realidad conocen la información de corrupción que hay aquí, que ellos han negociado con pandilleros y han visto como Osiris Luna entra y sale a platicar con pandilleros, ese es el temor real, y por eso ha quitado a trabajadores de esta dirección, por lo tanto, nos pronunciamos y denunciamos que otra institución pública entra al Estado de corrupción”, reveló Quinteros.
Por su parte, Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC), advirtió que el proceso de despido es ilegal, porque a los trabajadores se les notificó a través de una nota, sin el debido proceso establecido por la ley; los afectados acudieron a instituciones estatales, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos (PDDH), pero hasta el momento no obtuvieron respuesta.
“El proceso que les han hecho a ellos es ilegal, simplemente les han entregado una nota en la cual se establece que los separan del cargo, sin un debido proceso que les garantice sus derechos de audiencia y defensa, no los han vencido en juicio, no los han indemnizado. Los compañeros han ido a buscar apoyo a diferentes instituciones del Estado, pero nadie los ha escuchado, han ido a la PDDH y no han obtenido respuesta”, denunció Reyes.
Agregó que los despidos se deben a la negación por parte de los trabajadores de silenciar acciones ilícitas que las autoridades cometen, hay señalamientos fuertes de varios que han estado en algunos penales, donde tienen información importante sobre las visitas de funcionarios dentro de las cárceles, así como la salida de reos vinculados a pandillas quienes han movido a hospitales para reunirse con otros, bajo el argumentos que están enfermos, “algunos compañeros no se han prestado a ese juego”, recalcó.
Un agente anónimo denunció ante la prensa que el director de centros penales, Osiris Luna, mandó a granel a la granja penitenciaria en Santa Ana, los paquetes alimenticios destinados a las familias salvadoreñas; además, cuestionó el hecho de que la institución hiciera “bajo de agua” la selección de personal para centros penales, la desinstalación de cámaras de seguridad en centros de máxima seguridad y la quema de libros de novedades y registros.
Los sindicalistas exigieron a la administración el reinstalo de los trabajadores despedidos, el cese de despidos injustificados, pago de indemnización y sueldos caídos.
