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SANTIAGO/Xinhua
La política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto social y económico derivado de la pandemia de la COVID-19, y dar el impulso necesario a una reactivación económica sostenible e inclusiva, afirmó el lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El organismo lanzó su informe anual “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020”, en el que analizó la respuesta fiscal de los países de la región frente a la crisis humana y económica provocada por el nuevo coronavirus. En el texto señaló que el manejo actual de la política fiscal se ve complejizado por el entorno macroeconómico poco favorable y altamente incierto, y que a la deuda pública de los países se suma la caída en la recaudación tributaria a causa de la pandemia.
Indicó que la contracción de la actividad económica y la baja en las materias primas han mermado los ingresos de los países, mientras que las necesidades de gasto aumentan rápidamente para poder mitigar los efectos sociales y económicos de la crisis.
Frente a este escenario, la CEPAL indicó que los paquetes fiscales ya anunciados por los países representan un primer paso en lo que podría ser un largo camino hacia la recuperación de la región.
En su informe señaló que la adopción de paquetes de medidas fiscales -que contemplan medidas de gasto público, alivio tributario y apoyo de liquidez respaldado por los gobiernos de la región- representan, en promedio, un 3,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) de los países latinoamericanos. Según el estudio, en los próximos meses, y ante el eventual levantamiento gradual de las medidas de confinamiento, los países deberán impulsar importantes medidas de estímulo fiscal a fin de contribuir a la reactivación de la actividad económica, la inversión y la creación de empleo de calidad. Para ello, serán necesarios mayores esfuerzos fiscales y que la región cuente con acceso adecuado a medidas de financiamiento.
La publicación apuntó al respecto que el impacto de la COVID-19 en múltiples aspectos económicos y sociales hace que la acción del Estado a través de la política fiscal, en general, y de los programas de gasto público, en particular, cobren una mayor relevancia.
Indicó sobre esto que los niveles de gasto en los años anteriores han sido insuficientes para atender las demandas sociales que enfrentan los países de la región y proveer bienes y servicios públicos de calidad.
También, abordó la problemática de la evasión fiscal en la región, que dejó pérdidas por 325.000 millones de dólares, equivalentes al 6,1 por ciento del PIB, en 2018 por incumplimiento tributario.
