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Internacionales/CEPAL
La CEPAL presentará mañana a Ministros y Ministras y altas autoridades del área social reunidos en Santo Domingo un documento que analiza la desigualdad social que caracteriza a la región a partir de lo que considera sus principales ejes estructurantes, como son el nivel socioeconómico, el género, la condición étnico-racial, la edad y el territorio, y propone ante ello profundizar las estrategias de desarrollo social inclusivo mediante la articulación de políticas económicas, sociales y ambientales.
El estudio «La matriz de la desigualdad social en América Latina» será presentado durante la primera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y que se celebra este martes.
Este encuentro tendrá lugar junto al VIII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, inaugurado hoy con la presencia del Presidente de República Dominicana, Danilo Medina; la Vicepresidenta del país, Margarita Cedeño; la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, y la Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Helen Clark.
“La matriz de la desigualdad social en América Latina está fuertemente condicionada por su matriz económica y productiva, caracterizada por una alta heterogeneidad estructural, de forma que el determinante básico de la desigualdad es el estrato socio-económico o la clase social. Sin embargo, existen otros ejes estructurantes vinculados al género, la etnia y la raza, el ciclo de vida y el territorio que se encadenan, se entrecruzan y se potencian entre sí”, señaló hoy Bárcena en la apertura del foro.
El documento será comentado el martes por la Vicepresidenta de República Dominicana, Margarita Cedeño; la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) de Perú, Cayetana Aljovín; el Ministro de Desarrollo Social de Chile, Marcos Barraza, y la Viceministra de Desarrollo Social de Uruguay, Ana Olivera.
Según cifras recogidas en este estudio, en 2014 la tasa de pobreza de la población indígena era superior a la de la población no indígena ni afrodescendiente en nueve países con información disponible, con rangos que oscilaban entre 30 puntos porcentuales en Paraguay y Brasil a 2 y 3 puntos en Chile y Uruguay, respectivamente. En tanto, la tasa de pobreza de la población afrodescendiente era más del doble que la de la población no afrodescendiente ni indígena en Brasil y Uruguay y alrededor de 1,5 veces en Ecuador y Perú. Estos son los cuatro países con datos disponibles para esa fecha.
Las brechas de raza o etnia se entrecruzan además con las de género, subraya la CEPAL en este estudio. Tanto en Uruguay como en Brasil, las tasas de desempleo de las jóvenes mujeres afrodescendientes (entre 15 y 29 años) son más del doble que las de los jóvenes no afrodescendientes del sexo masculino, a pesar de que sus niveles de escolaridad son similares.
Asimismo, en los cuatro países para los cuales se dispone información (Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay), el aumento de la escolaridad no ha sido suficiente para eliminar las brechas de ingreso marcadas por la dimensión de género y étnico-racial: entre aquellos que tienen escolaridad terciaria, las mujeres indígenas y las afrodescendientes reciben alrededor de la mitad de los ingresos laborales de los hombres no indígenas ni afrodescendientes.
El documento también aborda las desigualdades vinculadas a la infancia, la juventud y la vejez. En este último caso, la brecha en el acceso a pensiones y jubilaciones entre hombres y mujeres es aún significativa a pesar de haberse reducido de 17,1 puntos porcentuales en 1994 a 12,0 puntos porcentuales en 2014, cuando se situó en 63,5% para ellos y 51,5% para ellas, según un promedio simple para 10 países de América Latina. Eso es resultado de desigualdades acumuladas a lo largo del ciclo de vida, en especial las menores oportunidades de acceso de las mujeres a empleos formales y con protección social.
Respecto a la desigualdad territorial, el estudio señala que en cinco países (Panamá, Perú, México, Colombia y Venezuela) la diferencia entre las regiones con mayor y menor tasa de pobreza es superior a 40 puntos porcentuales. Por otra parte, muchos de los territorios con mayores niveles de pobreza y menor nivel de escolaridad registran también altos porcentajes de población indígena o afrodescendiente, lo que evidencia una vez más el entrecruzamiento de las desigualdades.
Para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que entre otros objetivos busca poner fin a la pobreza y reducir la desigualdad sin dejar a nadie atrás, la CEPAL plantea en este informe ocho recomendaciones específicas, la primera de ellas, implementar políticas económicas, sociales y ambientales articuladas entre sí y enfocadas hacia un cambio estructural progresivo.
Se propone además desarrollar políticas públicas con un enfoque de derechos y una mirada integral, orientarlas hacia un universalismo sensible a las diferencias para romper las barreras de acceso a los servicios sociales y al bienestar que enfrentan las personas que sufren desigualdad y exclusión, sustentarlas en pactos sociales y en una institucionalidad robusta y fortalecer su dimensión territorial, así como recopilar información estadística sistemática sobre las distintas dimensiones de la desigualdad, cautelar el gasto social y reforzar los ingresos tributarios, y transitar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad.
Este documento profundiza el análisis realizado en el estudio «Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe», que la CEPAL presentó en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, celebrada en Lima en noviembre de 2015. Esta Conferencia es un órgano subsidiario de la CEPAL creado en mayo de 2014.
En esa publicación se hizo un balance de la evolución de la pobreza y la distribución de los ingresos, el mercado laboral y aspectos relacionados con la salud, educación y protección social, y se definieron algunos lineamientos de política pública, como la promoción de sistemas de protección social con enfoque de derechos y la consolidación de políticas sociales y su transformación de políticas de gobierno a políticas de Estado.
