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SANTIAGO/Xinhua
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propuso avanzar hacia un Estado de bienestar y garantizar un ingreso básico para ayudar a la población más pobre a superar los efectos de la pandemia, según un informe emitido este martes.
“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos están resultando muy caro”, afirmó la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en una videoconferencia. Por ello, añadió, “debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”.
La alta funcionaria sostuvo que “es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos”, con el objetivo de “generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida”.
La CEPAL sugirió a los gobiernos de la región garantizar transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares para contribuir a una reactivación sólida y más rápida. En el contexto de la crisis sanitaria, declaró que el alcance de dichas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas pobres y llegar a amplios estratos de la población vulnerable, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal para resguardar el derecho a la sobrevivencia.
La iniciativa de ingreso básico de emergencia (IBE) contempla un equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (215 millones de personas o el 34,7 por ciento de la población regional).
Lo anterior, implicaría un gasto adicional del 2,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para abarcar a todas las personas necesitadas. “Esto es especialmente relevante, dado que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva”, añadió Bárcena.
La CEPAL estimó anteriormente una caída del 5,3 por ciento del PIB y un aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales para este año en la región.
En este informe, pronosticó además que la pobreza en América Latina ascendería al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas más), dejando a 214,7 millones de personas en esta situación (34,7 por ciento de la población de la región). Asimismo, se espera que la pobreza extrema crezca en 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas más), afectando a un total de 83,4 millones de personas.
El estudio consignó que a partir del 13 de marzo los gobiernos de la región comenzaron a anunciar medidas de protección social como reacción ante la caída abrupta de los ingresos de los trabajadores y de los hogares. A la fecha, se han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países para la población pobre y vulnerable. Entre ellas, las transferencias monetarias y de alimentos alcanzan a 90,5 millones de hogares, es decir, alrededor del 58 por ciento de la población regional, de acuerdo con el informe. Para articular la protección social en el corto, mediano y largo plazo, la CEPAL declaró que es necesario superar desafíos operacionales, como la bancarización de la población, completar los registros sociales, actualizarlos e interconectarlos.
Agregó que en el mediano y largo plazo se debe garantizar el ejercicio de los derechos mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social, introducir un sistema de cuidado, y la implementación gradual y búsqueda de mecanismos innovadores de financiamiento sostenibles.
