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Moscú/Sputnik
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC anunció este domingo el cierre del aeropuerto de Andahuaylas debido a los ataques vandálicos que viene sufriendo desde la tarde del sábado 10 de diciembre.
Según el comunicado de la COPRAC, los actos de vandalismo afectaron gravemente la pista de aterrizaje y equipos indispensables para brindar los servicios de navegación aérea.
Además, se precisa que los manifestantes “han incendiado la sala de transmisores, sala de combustible, cercando con actos de violencia el terminal aéreo, donde se encuentran 50 efectivos de la Policía Nacional del Perú y colaboradores de empresa”.
“Ante ello solicitamos el apoyo y refuerzo a las autoridades competentes, a la Policía Nacional del Perú, para poner a buen recaudo la vida de las personas que se encuentran en calidad de rehenes”, subraya el comunicado.
Asimismo, la CORPAC reiteró su llamado a la calma y sensatez de la población que ha venido atacando sin razón el terminal, “que no hace más que retrasar el desarrollo económico de la región, así como truncar el traslado, por la vía aérea, ante una emergencia de salud”.
En los últimos días en varias regiones del país continúan las protestas que buscan la renuncia de la presidenta de la República Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales.
El miércoles, el todavía presidente peruano, Pedro Castillo, anunció en un mensaje televisado en cadena nacional la disolución del Congreso y el establecimiento de un «gobierno de excepción».
La medida fue rechazada por gran parte de su gabinete, así como por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otras instituciones políticas locales.
Asimismo, el Congreso celebró la sesión para tratar la destitución de Castillo y por abrumadora mayoría votó a favor de poner fin a su Gobierno.
Tras la votación del Congreso, fue la vicepresidenta Boluarte quien asumió como jefa de Estado, convirtiéndose en la primera mujer en Perú en ostentar ese cargo.
Castillo, en tanto, abandonó el Palacio de Gobierno (sede del Ejecutivo) y fue detenido en la prefectura policial en Lima. El jueves, la justicia peruana dictó su detención preliminar por siete días, acusado de rebelión.
La disolución del Congreso está prevista en la Constitución peruana solo en caso de que el parlamento censure o niegue la confianza al mandatario en dos oportunidades; según el Tribunal Constitucional de Perú, esto no habría ocurrido, pese a que Castillo sostiene lo contrario.
