Por Leonel Herrera*
Guatemala revirtió la semana pasada el permiso ambiental de la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, cerca de la frontera con El Salvador. La decisión del gobierno chapín constituye un alivio para nuestro país, debido a que el referido proyecto extractivo amenaza gravemente al Río Lempa.
Sin embargo, el alivio es momentáneo porque la licencia de explotación sigue vigente y la empresa que opera el proyecto puede solicitar un nuevo permiso ambiental corrigiendo los errores señalados por las autoridades del país vecino.
Cerro Blanco es una mina a cielo abierto propiedad de la canadiense Bluestone Resources Inc. El proyecto está a sólo 14 kilómetros de Metapán, Santa Ana; y pretende lanzar sus desechos contaminantes en los ríos Ostúa y Angue que desembocan en el Lago de Güija, el cual conecta con el Lempa a través del Río Guajoyo.
Organizaciones ambientalistas como la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, advierten que los residuos del cianuro utilizado para lixiviar los minerales y los metales pesados del drenaje ácido de la mina podrían terminar en el Río Lema y contaminarlo aún más.
Sin embargo, gobiernos anteriores y el actual de El Salvador no han hecho las gestiones (y presiones) suficientes ante sus homólogos guatemaltecos para lograr la suspensión definitiva de la mina metálica en cuestión y el peligro sigue latente.
Incluso, el régimen autoritario de Nayib Bukele no sólo no exige a Guatemala el cierre de esa mina, sino que pretende desarrollar este tipo de proyectos en Cabañas y otros departamentos de la zona norte, a pesar de estar vigente una ley que los prohíbe en forma definitiva debido a los graves peligros que representan.
Es decir, el presidente inconstitucional no sólo no hace valer ante el gobierno guatemalteco los derechos al agua, a la salud y la vida de la población salvadoreña amenazados por la minería transfronteriza; sino que los amenaza aún más con sus intenciones de impulsar esta nociva industria en el país.
Varias señales apuntan en ese sentido. El 17 de mayo de 2021, El Salvador se unió silenciosamente a un panel internacional que promueve la minería denominado “Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible”.
En octubre del mismo año la bancada oficialista aprobó una nueva Ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, la cual incluye la exploración y explotación de minerales. El manual de los “tramposos” dice que, como derogar la ley prohibitiva sería un escándalo, es mejor incorporar la minería metálica en una ley paralela.
En el presupuesto estatal de 2023 se designó al Ministerio de Economía un monto de 4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería”, sin que hasta esta fecha se conozca públicamente el resultado de dicho proceso.
A esto se suma la presencia de personas supuestamente vinculadas a empresas extractivas, comprando o alquilando terrenos con potencial minero en San Isidro y otros distritos de Cabañas. Organizaciones y analistas también alertan sobre la posibilidad de que el tratado comercial con China, recientemente anunciado por el gobierno, incorpore la tenebrosa minería metálica.
Finalmente, está el espurio proceso judicial contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES. Capturar y encarcelar a molestos e incómodos activistas ambientales que se oponen a la minería, también está en el manual de las corporaciones extractivistas.
Ojalá que el país sea consciente de que asegurar la continuidad de la vida depende de evitar la minería metálica: la minería transfronteriza y la minería en el país; y esto, hoy por hoy, pasa por lograr el cierre de la mina Cerro Blanco y por mantener la prohibición que defienden los ambientalistas injustamente detenidos.
*Periodista activista social.