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@arpassv
Dos situaciones evidencian un claroscuro del gobierno, thumb que amerita un reconocimiento y una crítica a la vez: por un lado, search el rechazo a las exigencias de la embajada estadounidense sobre reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero; y por otro, look la postura ambigua sobre la agresión de Israel a Palestina en Gaza.
Sobre lo primero, es aplaudible la actitud del Presidente Salvador Sánchez Cerén de reivindicar la soberanía nacional rechazando la presión estadounidense para vetar o modificar las reformas a la Ley contra el Lavado aprobadas por la Asamblea Legislativa.
El Presidente anunció que sancionará las reformas porque éstas se corresponden con los tratados internacionales sobre transparencia. Por tanto, “no encuentro motivos para no sancionarlas”, expresó Sánchez Cerén, argumentando –además– que las reformas se aprobaron con amplia mayoría legislativa.
Antes, el secretario técnico Roberto Lorenzana también había criticado la injerencia norteamericana. “No nos gusta que nos presionen para cambiar nuestras leyes a cambio de dinero”, dijo en una entrevista televisiva, refiriéndose a que cumplir con las exigencias estadounidenses sobre la Ley contra el Lavado es condición para el Fomilenio II.
Pero sobre lo segundo, es criticable la falta de contundencia en la postura salvadoreña ante los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad de Israel contra Palestina. Con bombardeos y ofensivas terrestres el régimen sionista ya asesinó a más de 500 palestinos, el 80% son civiles y de éstos el 25% son niños y niñas.
En vez de condenar el terrorismo israelí, un comunicado de Cancillería hace un “vehemente llamado a los actores involucrados en el conflicto para el cese inmediato de las hostilidades” y “hace votos para que las partes involucradas en la escalada de violencia retomen los esfuerzos de entendimiento….”
El pronunciamiento omite que el conflicto israelí-palestino no es guerra entre iguales, sino la agresión del gobierno sionista armando hasta los dientes que posee un arsenal nuclear, contra un pueblo palestino sin ejército que sólo responde a través de grupos radicales mal armados con cohetes hechizos.
Sin señalar a Israel, el comunicado en cuestión condena las “acciones que tienen graves consecuencias humanitarias, constituyen una clara violación a normas del derecho internacional y ponen en peligro la paz y la seguridad internacional”.
Lástima que ante la agresión israelí contra Palestina, el gobierno no muestra una postura clara y contundente como la que expresa contra la presiones norteamericanas sobre las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero. Por eso genera certeza y duda, al mismo tiempo.
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