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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Ha quedado más que clara la necesidad de recursos para fortalecer las acciones encaminadas a batir el crimen y alcanzar mayor seguridad en nuestro país. Los primeros fondos obtenidos mediante la contribución especial a las telecomunicaciones, sick ha sido orientada a pagar el bono a los agentes policiales, a los soldados y personal penitenciario; a acciones preventivas de la violencia y a reforzar gastos de la PNC. Tanto los ingresos como la orientación de los gastos de los ingresos obtenidos entre los últimos días de diciembre del año pasado, los primeros dos meses de este año y lo proyectado de marzo fue aprobado por la Asamblea cumpliendo lo que la Ley de Contribución Especial de Seguridad estableció. Nada es oscuro y más bien queda claro que se requiere de más recursos financieros para hacer frente a las necesidades de las instituciones que están al frente de los planes de seguridad y que obviamente son superiores a lo establecido en el Presupuesto 2016.
Si a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional les hicieron creer cuentos para que detuvieran el financiamiento público paralizando la ejecución del Decreto 1000, emitido por la legislatura que finalizó el 30 de abril de 2015; es hora que se convenzan que su rol de jueces constitucionales, debe distanciarse de estrategias y posicionamientos políticos diseñados para obstaculizar el funcionamiento del Estado por el solo hecho de que la fuerza política que ganó la Presidencia no es la preferida del antiguo bloque oligárquico. Esa estrategia de dificultar e impedir los ingresos financieros a la vez de exigir al gobierno que invierta más en las necesidades de nuestro pueblo, no es correcta.
Es hora de corregir y dan deseos de pensar que la brutalidad de la acción de los criminales sea suficiente para mover el razonamiento y la voluntad de personas que tienen capacidad de tomar decisiones en nombre del pueblo, sean diputados, jueces o magistrados y actuar como mejor conviene a las mayorías en nuestra patria.
Los diputados suplentes son aptos para tomar decisiones y lo han hecho para elegir o para votar por préstamo, para aprobar leyes. Las reconsideraciones de temas son viejas reglas parlamentarias de valor universal, ambos pretextos fueron invocados para facilitar el bloqueo financiero por los Magistrados de la Sala de lo Constitucional. Por eso tiene sentido la demanda que por cuarta vez ha hecho el Arzobispo de San Salvador para pedirle a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que resuelva sobre la Ley que autoriza al Organo Ejecutivo a emitir hasta 900 millones de dólares para invertir en seguridad y programas sociales.
Para complementar la fórmula estratégica de bloqueo al financiamiento del Estado, que tuvo mayor impacto con la retención de 900 millones baste recordar que están pendientes de votos, nueve préstamos que suman 618 millones de dólares y ya hemos perdido dos en el mismo lapso. Los que se perdieron solo causaron el pago de comisiones mientras el Banco los tuvo reservados con la certeza de que servirían para mejorar la fiscalización a las empresas sobre el cumplimiento de derechos laborales y capacitar a jóvenes para optar a puestos de trabajo productivo y otro para invertir en ciencia y tecnología, en robótica y subsidiar a empresas que fueran capaces de aplicar conocimientos creados.
El próximo a perderse por el bloqueo es de 30 millones de dólares para caminos rurales ofrecidos por una agencia del gobierno español (ICO) y con esos fondos se proyecta invertir en zonas con potencialidad productiva en los departamentos de Morazán, San Miguel, Chalatenango, Santa Ana, Usulután y La Paz, se beneficiarían al menos a 362,777 personas en comunidades alejadas que requieren mejoras como San Simón, El Mozote, San Antonio, Las Vueltas, Santa María, El Coco para citar algunos. En Mayo esta oportunidad se pierde. No es casual que el propio Presidente del BID haya visitado al país y declarado que nuestro país ejecuta eficientemente sus programas de crédito y haya exhortado a los diputados a no seguir perdiendo recursos por los que pagamos comisión por reserva y necesitamos para dinamizar la inversión en el país.
Cuatro de los 9 créditos pendientes de aprobación han sido otorgados por el BID. Esta legislatura cumplirá un año el próximo 14 de mayo, suficiente tiempo para aprender que el país necesita de quienes hablan en nombre del pueblo, mayor responsabilidad y cesar el bloqueo al financiamiento público de obra y procesos para su bienestar. Además de preguntar si cesará el bloqueo como política fiscal, secundo el deseo y demanda de muchos para apoyar la inversión pública cesando la conducta de bloquear ingresos y demandar nuevos gastos.
