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Paula Domingo
Tomado de Agenda Latinoamericana
Ceuta es una ciudad española situada al norte de África y separada de la península Ibérica por el Estrecho de Gibraltar. Por su situación geográfica, una de sus principales características es que se trata de una “puerta de entrada a Europa” dentro del complejo mapa de las migraciones internacionales. La movilidad de las personas entre Marruecos y Ceuta ha fluido siempre de forma casi constante. Esto es debido a que las personas residentes en las provincias de Tetuán y Nador en Marruecos, así como la población española, no necesitan de un visado para traspasar la frontera.
A lo largo del tiempo, la migración y sus diferentes formas en la ciudad de Ceuta siempre han sido cambiantes y han dependido de las relaciones entre la Unión Europea, España y Marruecos. Nada de lo que ocurre con respecto al fenómeno migratorio en la ciudad se produce de manera espontánea y casual: todo está estrechamente relacionado con una serie de intereses políticos y económicos que convierten a las personas migrantes y refugiadas en una moneda de cambio con la que favorecer sus intereses.
Una de las principales vulneraciones a las que se enfrentan las personas migrantes y refugiadas durante la ruta es, sin duda, su paso por Marruecos, experiencia cargada de violencia e injusticia que les expone a un no reconocimiento de su dignidad como personas y una violación del derecho a la libre circulación. La violencia, represión, muertes y desapariciones de las personas en tránsito en las últimas décadas han ido en aumento, especialmente, en los momentos en los que Marruecos recibe incentivos económicos y materiales por parte de España y la Comunidad Europea para poder llevar a cabo estas acciones.
Tras su paso por Marruecos, deben hacer frente a la frontera con Ceuta, una valla que ha ido cambiando a lo largo de los años. Concretamente, desde el 2019 hasta el 2021, el gobierno elevaba el vallado hasta los 10 metros de altura y retiraba los elementos lesivos a la par que dotaba a Marruecos de dinero y material para ejercer violencia y represión contra estas personas, elevando por su lado un vallado con concertinas y puestos militares de vigilancia. En esencia, Europa, España y Marruecos, a través de estas relaciones y acuerdos, desatan una guerra constante contra las personas migrantes y refugiadas en las que la violencia y la injusticia les convierten en una amenaza, sin tratar de escucharles ni atender a sus situaciones particulares:
Marruecos para mí fue un sitio donde me sentí deshumanizado y cuando escucho la palabra Marruecos me viene todo ese sufrimiento, palizas e impotencia (Freddy).
Cuando las personas migrantes llegan a Ceuta, vuelven a ver su libertad de movimiento restringida, en este caso, al territorio de la ciudad, puesto que, a diferencia del resto del territorio español, Ceuta es una excepción dentro del Tratado Schengen al que pertenece España como parte de la Unión Europea. Es por esto que Ceuta, para las personas migrantes y refugiadas, es como una “cárcel”, debido a que no puede viajar al resto de la península por esta excepcionalidad hasta que el gobierno central lo decida, pudiendo pasar periodos de tiempo indeterminados que pueden abarcar tres o cuatros meses, o tres o cuatro años, saliendo en la mayoría de casos sin documentación, a excepción de los solicitantes de protección internacional.
En relación a los solicitantes de asilo, a partir del año 2009 el gobierno de España dejó de reconocer el derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional a las personas que iniciaban el procedimiento de asilo en Ceuta. Así, los solicitantes debían esperar uno o dos años hasta que se resolviera su expediente. Este bloqueo supuso que personas en situaciones que requerían de protección internacional no la solicitaran en Ceuta, dado que las personas que se acogían al programa de ayuda humanitaria únicamente permanecían menos tiempo en la ciudad.
Hemos de recordar que la restricción al derecho a la libre circulación de las personas que solicitan asilo supone una flagrante vulneración del artículo 19 de la Constitución Española y de la Ley de Asilo. Después de años de procesos judiciales, el Tribunal Supremo concluyó en dos sentencias, una de julio de 2020 y otra de febrero del 2021, que ni las leyes españolas ni las europeas justifican el bloqueo de salidas de las personas que solicitan asilo en Ceuta y Melilla.
En este momento, este bloqueo se agrava por la pandemia. La frontera oficial con Marruecos lleva cerrada dos años, por lo cual se hace incluso más complicado acceder a la ciudad, situación añadida a las dificultades impuestas por las fuerzas de seguridad marroquíes, tanto en relación a la frontera terrestre como la marítima, convirtiendo el perímetro fronterizo en un muro infranqueable para muchos. A pesar de ello, algunas personas logran entrar después de sortear una multitud de obstáculos que dejan huellas físicas y psicológicas para toda la vida.
Como ya hemos mencionado, Marruecos utiliza a las personas migrantes y a su propia ciudadanía como herramienta de presión. Un claro ejemplo de esto es lo ocurrido entre los días 17 y 18 mayo, momento en el que el reino de Marruecos moviliza a su población para entrar de manera multitudinaria e irregular a Ceuta, llegando a acceder más de 10.000 personas, la mayoría jóvenes y niños, entre ellos, perfiles vulnerables que requerían de protección internacional y provenían, por ejemplo, de países subsaharianos o Yemen. Durante estos días, se procedió de manera sistemática e indiscriminada a devolver a cientos de personas sin realizar una identificación y evaluación de su situación previa, sin determinar si estas personas requerían o no protección internacional y refugio.
Ante el bloqueo de movimiento y la gran cantidad de personas migrantes y refugiadas que, tras estos días, se quedaron en Ceuta, el procedimiento de solicitud del asilo y las sentencias del Tribunal Supremo han posibilitado la libre circulación de los solicitantes por todo el territorio español.
Concluyendo, las personas refugiadas y solicitantes de asilo se han visto, durante estos últimos años, condicionadas por una vulneración constante al derecho de la libre circulación por todo el territorio español, hasta el año pasado, en el que a partir del mes de mayo cambia la situación como ya hemos mencionado. Sin embargo, recientes noticias comunican que el Gobierno de España ya ha anunciado un cambio en el procedimiento en la gestión de las solicitudes de asilo, las cuales se resolverán en un plazo de 10 días, tiempo, a nuestro parecer, extremadamente corto para poder hacer una evaluación real e individualizada de cada situación personal y de dotación de información a las personas.
Esto supondría un nuevo obstáculo para las personas que realmente desean solicitar protección internacional, puesto que su libertad de circulación, una vez más, se verá limitada y condicionada a la voluntad del gobierno.
Elín: haciendo memoria, defendiendo la vida y exigiendo derechos
En esta realidad, la Asociación Elín lleva trabajando en el terreno desde 1999 con personas migrantes y refugiadas. Desde la asociación, hemos centrado nuestros esfuerzos en acoger y acompañar y defender sus derechos a hombres, mujeres, niños y niñas para posibilitar que su paso por Ceuta sea lo más digno posible. Asimismo, parte de nuestro trabajo está dirigido a visibilizar y denunciar las injusticias que se dan en la ciudad con respecto a las familias, la infancia y la juventud migrante y refugiada en colaboración con otras entidades en terreno.
Es por ello que, denunciamos las injusticias y las vulneraciones de los derechos a las que se ven sometidas las personas migrantes y refugiadas, en especial, el derecho a la libre circulación. Creemos y exigimos que todas las personas tienen derecho a viajar libremente y, además, a hacerlo a través de vías legales y seguras que no pongan su dignidad y su vida en peligro. Al mismo tiempo, defendemos un sistema de protección real y efectivo para todas las personas refugiadas y migrantes que llegan a territorio español.
