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Por Miguel Sánchez/Santiago/AFP
La Corte Suprema chilena decidió procesar a 15 exagentes de la Dina, cialis la temida policía política de la dictadura de Augusto Pinochet, sale acusados por el secuestro y el homicidio del diplomático español Carmelo Soria, pharmacy en 1976, al revocar un fallo anterior.
En fallo dividido, el máximo tribunal procesó a los 15 exagentes por «asociación ilícita y homicidio calificado» y «revocó la resolución del ministro instructor del máximo tribunal Lamberto Cisternas, que rechazó en el 2014 los procesamientos», informó este miércoles un comunicado del Poder Judicial.
Soria, diplomático español y exfuncionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con sede en Santiago, fue secuestrado, torturado y asesinato por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y su cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo en julio de 1976, según la investigación del caso.
Militante del Partido Comunista español, se exilió en Chile en 1971 y tras instaurada la dictadura, el 11 de septiembre de 1973, utilizó su inmunidad diplomática de funcionario de una agencia de la ONU para ayudar a varias personas a exiliarse en distintas embajadas en Santiago, convirtiéndose en una amenaza para el régimen de Pinochet.
La prensa de la época atribuyó a la muerte de Soria a un accidente automovilístico provocado por la supuesta ingesta de alcohol de la víctima, cuyo vehículo fue encontrado volcado en un canal en el oriente de Santiago.
Tras el cierre del caso, la familia de la víctima demandó a la Corte Suprema reabrir la investigación, lo cual fue admitido por el máximo tribunal chileno ya que involucra a un ciudadano de un segundo país.
«La Justicia tendría que haber actuado hace muchos años como en otros casos. A mí no me queda más que si veo a quiénes asesinaron, torturaron a mi padre, hacerles la vida imposible», dijo Carmen Soria, hija del diplomático español, a radio Cooperativa.
Entre los acusados por este caso se encuentra el ciudadano estadounidense y sindicado como exagente de la CIA, Michael Townley, también involucrado en los atentados en los que murieron el excanciller chileno Orlando Letelier en Washington en 1976, y del general Carlos Prats, en Buenos Aires en 1974, dos de los casos más emblemáticos de la dictadura chilena.
Townley se encuentra actualmente en Estados Unidos, bajo un programa de protección de testigos tras haber entregado información importante en el caso de Letelier. Otros dos procesados, Armando Fernández Larios y Virgilio Paz Romero, también se encuentran en Norteamérica.
Otros tres acusados se encuentran cumpliendo penas carcelarias por otras causas de violación de los derechos humanos, y los demás deberán ser detenidos, explicó el Poder Judicial.
Un vuelco más de la justicia chilena
La reapertura de este proceso se produce en un año en el que la justicia chilena se ha pronunciado sobre varios de los más emblemáticos crímenes atribuidos a la dictadura de Pinochet, que dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos y unos 38.000 torturados.
En julio pasado, después de 29 años, 12 exmilitares fueron detenidos por su vinculación en el asesinato en 1986 del fotógrafo Rodrigo Rojas y de dejar gravemente herida a la estudiante Carmen Gloria Quintana tras ser quemados vivos por una patrulla militar.
Pese a que la estudiante sobrevivió y narró lo ocurrido, el caso se mantenía hasta ahora impune por un supuesto «pacto de silencio» de los miembros de la patrulla militar, que se rompió sólo después de que uno de ellos confesara.
La semana pasada, la Corte Suprema condenó a 14 exmilitares chilenos y uruguayos por el secuestro y asesinado del químico y exagente de la DINA, Eugenio Berríos, cuyo cadáver baleado fue encontrado en 1995 en una playa de Uruguay, en una asesinato que buscó acallar su declaración judicial cuando tras el fin de la dictadura de Pinochet se iniciaban en Chile las primeras investigaciones judiciales por crímenes de lesa humanidad.
Otras emblemáticas investigaciones como el homicidio del famoso cantante popular, Víctor Jara, a poco de iniciarse la dictadura; o el supuesto asesinato del Nobel de literatura chileno, Pablo Neruda, por agentes del régimen, aún se mantienen abiertas en la justicia chilena.
Por el caso de Carmelo Soria, España solicitó en 2013 la extradición de siete exagentes de la dictadura, entre ellos Manuel Contreras, jefe de la Dina, condenado a más de 500 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos, y quien murió el pasado 7 de agosto.
Chile negó la extradición en ese entonces afirmando que los involucrados ya eran investigados por este caso o eran parte de otros procesos.
