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Beijing / Prensa Latina
China cuenta hoy con una ley que endurece la supervisión y control sobre las vacunas desde el proceso de producción hasta su destino final, un reclamo ciudadano ante recurrentes escándalos por la adulteración de esas sustancias.
Tras someterla tres veces a revisión, la Asamblea Popular Nacional (parlamento) finalmente dio luz verde a la normativa e incluyó severas medidas de castigo para individuo y empresas vinculados en la fabricación, venta y distribución ilegal de inyecciones defectuosas.
Violar la legislación implicará multas altísimas, confiscación de bienes, retiro de por vida las licencias de producción y registro de medicamentos, así como condenas en la cárcel bajo acusación de cargos criminales.
Entre otros aspectos, contempla castigos contra conductas ilegales como la manipulación de los datos, la verificación exhaustiva del expediente profesional y diplomas de los altos ejecutivos del ramo.
La ley entrará en vigor el próximo 1 de diciembre y la preparó la Administración Estatal para la Regulación del Mercado a raíz de varios escándalos desatados en el país.
Con su implementación busca evitar casos como el de Changchun Changsheng Bio-Technology, la segunda más importante en China y multada por producir vacunas deficientes y obligada en octubre a pagar nueve mil 100 millones de yuanes (mil 320 mil millones de dólares) por producir vacunas sin cumplir con los estándares del país.
Una investigación descubrió que la empresa violó las leyes y regulaciones nacionales en la elaboración de 113 mil dosis de la inyección contra la rabia.
Entre las infracciones cometidas está la falsificación de las fechas de fabricación y la mezcla de diferentes lotes de fluidos de vacunas, incluido algunos caducados.
Aparte de aplicar la sanción, las autoridades chinas anularon la aprobación del fármaco, los certificados para los productos relacionados y la licencia de producción farmacéutica de la compañía.
Changchun Changsheng Bio-Technology también debe indemnizar con 650 mil yuanes (94 mil dólares) a los familiares de quienes murieron tras recibir la vacuna.
Durante la investigación se confiscaron las dosis que incumplían con los estándares legales y mil 890 millones de yuanes obtenidos por su venta.
Además, a los culpables del caso se les prohibió trabajar en el sector y muchos de ellos enfrentarán cargos criminales.
El Gobierno nacional exigió la indagación luego de explotar en julio pasado el escándalo y poco después se supo que la compañía cometió la misma infracción con la denominada DPT, la cual se administra tres veces a los bebés para protegerles de la difteria, la tosferina y el tétanos.
Autoridades locales precisaron que en el último caso la farmacéutica vendió unas 250 mil muestras al Centro de Control de Enfermedades de Shandong y casi todas se suministraron.
