Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
@GloriaCoLatino
Angélica Rivas, viagra jurista de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, patient Ético y Eugenésico, clinic habló sobre el informe sobre la vulneración de los derechos de las mujeres, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La petición de las organizaciones fue conocida en la 152º período de sesiones extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de México.
Rivas explicó que la problemática de la penalización absoluta del aborto en el país deja en evidencia un retroceso jurídico de garantías individuales; situación que ha generado iniciativas de análisis por entidades internacionales que fiscalizan la vulneración a los derechos de los pueblos.
“El Estado salvadoreño ha recibido recomendaciones por la penalización absoluta del aborto específicamente en el Código Penal; como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) por atentar contra derechos fundamentales de las mujeres”, acotó.
“En este caso se ha violentado el derecho a la salud, a la vida de las mujeres que se ve altamente vulnerado al tener una legislación como la nuestra, desde su reforma en el año 1997”, informó.
La reforma al Código Penal salvadoreño no admite ninguna excepción al aborto, ni en casos graves cuando peligra la vida, salud física y mental de las mujeres o cuando el embarazo ha sido producto de una violación o incesto.
“Las observaciones que se han venido presentando al Estado salvadoreño han venido enfocadas en el sentido de modificar la ley, así como un análisis de su legislación porque actualmente, vulnera los derechos humanos de las mujeres en el país”, afirmó.
Sobre las mujeres denunciadas y criminalizadas con penas que rondan los 40 años de prisión, consideró la jurista que vulnera el presunción de inocencia, el secreto profesional médico-paciente y el derecho a la libertad de las mujeres.
“Como organizaciones sociales, nuestro trabajo está enmarcado en las recomendaciones que se le han dado al Estado salvadoreño, por lo que pedimos el indulto para 17 mujeres privadas de libertad, a fin de prevenir la erradicación de la violencia contra las mujeres”, reiteró.
En cuanto a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, las organizaciones solicitaron al gobierno las garantías y medidas de protección a su trabajo, en defensa de los derechos de la mujer salvadoreña.
La solicitud de la CIDH para investigar la situación y presentarla en su informe anual, fue interpuesta por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local. Además de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos.
