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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “condenó” los hechos de violencia ocurrido el pasado 20 de junio en un penal de Honduras, en el que resultaron muertas 46 mujeres privadas de libertad .
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado hondureño a adoptar medidas inmediatas y efectivas con perspectiva de género, para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las mujeres bajo custodia, y garantizar la no repetición de estos hechos”, señala la CIDH en un comunicado oficial.
Medios de comunicación internacionales han detallado que el centro penitenciario reportó 25 mujeres calcinadas y 16 asesinadas con arma de fuego. Y cinco mujeres ingresadas en un establecimiento hospitalario.
La CIDH se pronunció luego de conocer la información brindada por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) en la Penitenciaría Nacional Femenina y Adaptación Social, en el que señala que un grupo de mujeres, en posesión de armas de fuego expulsaron a agentes policiales y penitenciarios para tomar el control e ingresar a otro módulo en el centro de detención.
Datos en poder de la CIDH señalan que estas mujeres iniciaron incendios en diversos espacios, realizaron disparos y provocaron lesiones con armas blancas a otras mujeres. El Ministerio Público de Honduras contabilizó 46 mujeres fallecidas en este contexto, dos de ellas eran agentes de seguridad.
“La Comisión advierte que estas muertes se producen en un contexto de violencia que caracteriza los centros penitenciarios de Honduras desde hace años, derivado de la lucha por el poder entre las estructuras criminales, y en la actualidad, como manifestación en contra de acciones estatales de combate a la criminalidad organizada”, reiteró.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó una visita a Honduras para conocer directamente y sin intermediarios la situación de vulneración de los derechos humanos, recibió información sobre las situaciones de “corrupción”, que facilitó el ingreso de armas de fuego y por consecuente la pérdida de “gobernanza y control” del Estado en el centro de detención.
“Esto abre un espacio para un sistema de autogobierno liderado por las estructuras criminales, especialmente en los centros de máxima seguridad y la Penitenciaría Penal Femenina. Lo anterior sumado a la insuficiencia en el número de personas asignadas a las tareas de custodia y la escasez de equipamiento en seguridad, contribuyendo a que estas situaciones de violencia se intensifiquen y coloquen en grave riesgo la vida e integridad de las personas privadas de libertad”, acotó.
“La Comisión toma nota de las medidas implementadas por Medicina Forense y el Ministerio Público para investigar los recientes hechos ocurridos en la PNFAS, así como para brindar asistencia a famiiares de las mujeres fallecidas, mediante la provisión de asistencia psicológica y el acceso a la información”, indicó la CIDH.
El Gobierno de Honduras anunció que habilitará las “islas del Cisne” para el traslado de los líderes de las organizaciones criminales consideradas de alta peligrosidad y se capacitarán y formarán al menos dos mil nuevos agentes custodios de centros penales.
Otra de las medidas presentadas a la CIDH, por parte del Estado hondureño es la “solicitud presidencial dirigida al Poder Judicial”, con el fin de conceder “medidas sustitutivas a todas las mujeres en “detención preventiva” en la PNFAS, así también a las mujeres que padecen enfermedades terminales, sumando las acciones en apoyo a las familias afectadas que incluye la proporción de un subsidio económico.
“La CIDH reitera que los Estados tienen el deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal de las personas detenidas. Como parte de esta obligación internacional”, indicó.
“El Estado hondureño debe tomar acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de detención, conforme los principios interamericanos para la protección de personas privadas de libertad”, subrayó la CIDH.
La CIDH recomendó al Estado de Honduras que deben incluir la implementación de protocolos para la prevención de amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad. Incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior. La imposición de controles efectivo para impedir el ingreso de armas y otros objetos ilícitos.
Así también, la prevención de la actividad de organizaciones delictivas con presencia en las cárceles. Y que los Estados recuerden que deben garantizar la seguridad e integridad personal de las y los funcionarios que cumplen tareas en los centros de detención.
“Los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y de forma seria, exhaustiva, imparcial y ágil todos los casos en los se alegue la comisión de actos de violencia en centros de detención y, en particular las muertes de personas que se encuentran bajo su custodia”, advirtió.
“Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pueden ser responsables”, manifestó.
La CIDH consideró que el “encarcelamiento femenino” adquiere una dimensión propia que resulta en “vulneraciones particulares a sus derechos” que se derivan de su condición de género. Por lo que, consideró que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para que ellas, sean protegidas de toda forma de violencia.
“La Comisión ha reiterado en su informe -Situación de Derechos Humanos en Honduras” que los funcionarios públicos de carácter civil, debidamente entrenados serán las personas idóneas para atender a la reinserción social y realizar funciones de administraciones y seguridad interna de las personas privadas de libertad. En consecuencia la dirección y custodia de estos centros deben estar a cargo de agentes penitenciarios”, puntualizó la CIDH.
