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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
A fin de abordar las desapariciones forzadas cometidas por policías, militares y custodios penitenciarios en El Salvador durante el Régimen de Excepción, vigente desde marzo 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo una audiencia pública, el próximo 9 de noviembre en su sede en Washington DC.
En la audiencia, DPLF junto a la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), Alerta Raquel, Cristosal, Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y SPASS, solicitarán a la CIDH que recomiende al Estado salvadoreño acciones prioritarias para erradicar la práctica de las desapariciones.
Así como, tratar los problemas en la búsqueda e investigación penal de las desapariciones perpetradas por pandillas y crimen organizado. Entre 2019 y 2022, se estima que existen al menos 6,400 casos de desapariciones perpetradas por las pandillas; mientras que, las desapariciones forzadas durante el Estado de Excepción, según los registros de las organizaciones de derechos humanos, ascienden a 209 casos. A criterio de las organizaciones defensoras de derechos humanos, el Estado debe reconocer públicamente la existencia de desapariciones como un fenómeno que conlleva responsabilidad estatal, evitando la estigmatización de las familias y comunidades afectadas.
También, es necesario instar a la elaboración de una política nacional contra las desapariciones, que incluya la creación de un registro nacional de personas desaparecidas y un banco de ADN, una posible Ley General sobre Desapariciones y la creación de una Comisión de Búsqueda.
Esta última se erigiría como una nueva institución pública que se encargue de la determinación del paradero de las personas desaparecidas, mientras que la Fiscalía General mantendría la labor de investigación penal y persecución del delito.
Otra de las peticiones de las organizaciones durante la audiencia será que el Estado actualice y garantice acceso público al registro de personas privadas de libertad, incluyendo quienes han sido detenidas en el contexto del Estado de Excepción, y proporcionar información a familiares sobre su paradero, integridad y vida.
Asimismo, derogar el Régimen de Excepción, ya que se han identificado patrones de desaparición forzada, incluyendo desapariciones de corta duración.
Las audiencias públicas representan una oportunidad para el diálogo, la rendición de cuentas y la mejora continua en el ámbito de los derechos humanos, promoviendo un enfoque colaborativo y constructivo en beneficio de la población salvadoreña.
