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Por Ramon Sahmkov
Washington/AFP
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) descartó el viernes una tendencia general de objeción a los instrumentos regionales de protección de derechos humanos, unhealthy luego que Colombia y Ecuador desacataran sendas medidas cautelares otorgadas por el organismo.
«No hay una tendencia general, buy cialis en las reuniones que hemos tenido con Estados miembros, de generar fuertes objeciones al poder y la autoridad de la Comisión en relación con las medidas cautelares», dijo la presidenta del organismo, Tracy Robinson.
En cambio, indicó que los comisionados sostuvieron encuentros privados con representantes estatales y organizaciones civiles de varios países en los que discutieron formas para «asegurar la efectividad de las medidas».
«Ocasionalmente hay una disputa sobre una, pero (…) las medidas cautelares han sido respetadas y aceptadas en numerosas ocasiones», señaló.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos sufrió dos golpes consecutivos hace pocos días, luego que Ecuador y Colombia desacataran medidas de protección otorgadas por la CIDH, órgano autónomo de la OEA.
El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño pidió a la Comisión «que no pierda su tiempo solicitando medidas cautelares a Ecuador» que el gobierno no aceptará, como las planteadas a favor de tres opositores prófugos.
«No hay ninguna parte en la Convención (Americana de Derechos Humanos) ni en el estatuto que le permitan a la CIDH solicitar medidas cautelares», afirmó Patiño.
Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos no acató las medidas que protegían al alcalde de Bogotá Gustavo Petro y lo destituyó de su cargo, siguiendo el fallo de un organismo administrativo de control.
Esa postura no cayó bien en Robinson, quien recalcó este viernes que el caso colombiano estaba en el ámbito de poder de la Comisión para otorgar medidas cautelares y recordó que éstas «son vinculantes en todos los países».
La CIDH expresó preocupación también por la ausencia de la representación de Ecuador y Colombia en algunas de las audiencias realizadas la semana pasada, durante el 150º periodo de sesiones del organismo.
Ecuador y Colombia, diferentes
Sin embargo, el organismo regional esbozó diferencias entre los dos países.
Según Robinson, el gobierno colombiano ha mostrado «interés» por cumplir otras medidas cautelares y «no hemos escuchado al Estado de Colombia sugerir que la Comisión no tiene jurisdicción para otorgar medidas cautelares en general».
Aunque Robinson reconoció que no «hay espacio para un acuerdo» con Colombia por el caso Petro, la Comisión saludó en un comunicado el «fructífero diálogo» que sostuvo con la canciller colombiana, María Ángela Holguín, que viajó esta semana a Washington para explicar la posición del gobierno.
En cambio, la CIDH «lamenta profundamente» las declaraciones del gobierno de Ecuador, que el año pasado fue uno de los que propuso hacer reformas estructurales a la Comisión, a la que acusa de servir a Estados Unidos.
El desacato de las medidas cautelares abre el camino para que la CIDH solicite medidas provisionales a la Corte Interamericana, con sede en San José, pero el organismo aún espera conocer formalmente las intenciones de los solicitantes.
Ese proceso conlleva riesgos porque si la Corte negara la solicitudes, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión quedarían sin efecto.
Respeto a DDHH en Venezuela
La CIDH también reiteró su profunda preocupación por la situación en Venezuela, sacudida por dos meses de protestas que dejan 39 muertos y llamó al respeto a los derechos humanos en ese país.
La Comisión «alienta al Estado a avanzar en un proceso de diálogo para lograr una salida pacífica a la actual situación, y con pleno respeto de los derechos humanos», indicó en un comunicado.
La situación de unos 210.000 dominicanos de origen haitiano que fueron despojados de su ciudadanía por un fallo judicial de septiembre de 2013 también fue uno de los puntos destacados por los siete comisionados.
La CIDH, que prepara un informe completo de su visita al país en diciembre, instó al Estado dominicano que «garantice el derecho a la nacionalidad» de quienes la perdieron, sin que deban registrarse como extranjeros.
