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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinará, en Audiencia Pública este martes 12 de noviembre, en la ciudad de Washington D.C., el “estado de la justicia constitucional en El Salvador”, así como las reformas a la Carta Magna, que intenta aprobar la Asamblea Nacional Legislativa de El Salvador.
La audiencia, que se llevará a cabo en el 191 Período de Sesiones de la CIDH, fue solicitada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), y un grupo de abogados y abogadas constitucionalistas integrado por Sandra Santos, Gabriela Santos, Ruth López, Enrique Anaya, Rodolfo González y Abraham Ábrego.
Los solicitantes sostienen que “el contexto de desprotección constitucional requiere atención de la CIDH y de la comunidad internacional para frenar la erosión democrática y garantizar la protección de derechos fundamentales en el país”.
La Constitución de la República, en su artículo 248 contemplaba que la única manera para reformar la Carta Magna debería contar con la aprobación de dos Asambleas Legislativas, diferentes. No obstante, los diputados del partido oficial, Nuevas Ideas, dejaron una legislación para reformar el texto constitucional de manera expedita y, sin el requerimiento de otra legislatura para aprobarlas.
La Audiencia Pública sobre la institucionalidad democrática será este 12 de noviembre, a las 11: 00 horas de la mañana (10: 00 am en El Salvador), que se realizará en la ciudad de Washington, sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sobre el contexto de la Audiencia Pública, la CIDH señaló en un comunicado oficial que “Desde su llegada al poder en 2019, el gobierno de Nayib Bukele ha promovido, sin ningún debate público, reformas a la Constitución que apuntan a consolidar el poder del Ejecutivo sin contrapesos y que ponen en riesgo la democracia en El Salvador”.
“La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, encargada de interpretar la Constitución y amparar a la ciudadanía contra los excesos del poder, está integrada por magistrados alineados con el Ejecutivo”, añadió la CIDH. En cuanto al nombramientos de los magistrados (2021), la CIDH expresó que “algunos de ellos no contaban con las credenciales profesionales para el cargo”, luego que la Asamblea Legislativa (en su mayoría del partido oficial Nuevas Ideas) destituyó a una parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia “bajo órdenes del presidente Bukele”, indicó. En septiembre de 2024 “se seleccionaron nuevos magistrados en un proceso muy viciado, y, entre otras irregularidades, se reeligió a Oscar López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional”, dice la CIDH.
Y agregan, que este funcionario que ahora preside el Órgano Judicial, su nombre está incluido en la “Lista Engel” (actores corruptos y antidemocráticos de Guatemala, El Salvador y Honduras o Triángulo Norte de Centroamérica), del gobierno de los Estados Unidos, por conductas antidemocráticas y señalamientos de corrupción.
“La Sala de lo Constitucional, con esta nueva composición, ha emitido decisiones contrarias a derecho y favorables al gobierno, como la que dio paso libre a la reelección presidencial inmediata pese a estar prohibida por la Constitución salvadoreña”, acotó la CIDH.
“Desde marzo de 2022 a la fecha, durante la vigencia de un prolongado estado de excepción, la Sala ha negado masivamente la protección judicial en procesos de Habeas Corpus en casos de personas detenidas injustamente o desaparecidas”, reafirmó la CIDH.
