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@GloriaCoLatino
Morena Herrera, unhealthy de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, cialis anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sovaldi adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), ha dado un plazo de tres meses al Estado salvadoreño, para que presente un informe sobre el “Caso Beatriz” .
“La petición de la CIDH fue expedida en marzo del presente año, donde piden de forma expedita todos los hechos en torno al caso de Beatriz, por las graves consecuencias para los derechos de las mujeres que ocasiona la legislación salvadoreña que penaliza todo tipo de aborto”, dijo Herrera.
La intervención de la CIDH se da a raíz de una denuncia colectiva de organizaciones como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, así como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) e IPAS Centroamérica.
Beatriz es la joven salvadoreña que padece una enfermedad crónica grave, que tuvo un embarazo complicado a finales del año 2012, por lo que médicos recomiendaron un aborto terapéutico debido a la salud y sobreviviencia de la madre y las anomalías congénitas que presentaba el feto y que eran incompatibles con la vida.
“Los médicos del sistema público se negaron a realizar la interrupción del embarazo por temor a ser sancionadas penalmente, y me dijo un médico que tenía -en ese momento- más de 40 casos similares a Beatriz o más graves, pero se negaron por las implicaciones judiciales que tendría ella, y luego ellos, por el procedimiento. Y en qué terminó, que en la semana 26 de su embarazo realizaron la cesárea”, explicó.
La denuncia interpuesta por los grupos de mujeres y de derechos humanos ante la CIDH, en el año 2013, relata una serie de violaciones a los derechos individuales de Beatriz, al no permitir un aborto terapéutico que salvaría su vida.
El jurista Denis Múñoz afirmó que el Caso de Beatriz reveló un contexto de inseguridad jurídica, ya que las razones para realizar el aborto terapéutico eran irrefutables como la vida de la madre y el feto no tendría vida extrauterina.
“Creemos que El Salvador debe legislar sobre estas circunstancias, para que no se sigan vulnerando los derechos de las mujeres como la salud, la vida y la igualdad; y a partir del artículo 144 de la Constitución de la República que ya no regula, cuál es el marco de los Tratados Internacionales y sabemos que la Convención de Derechos Humanos forma parte de la legislación salvadoreña”, subrayó.
En cuanto al conflicto sobre la Convención y la ley secundaria, Múñoz indicó que ante los códigos de Salud y Penal que sanciona totalmente el aborto, al no estar contempladas las excepciones para realizarlo; tiene preeminencia el Tratado Internacional.
Mientras, Abraham Ábrego, de FESPAD, afirmó que el Estado salvadoreño cometió una omisión de cumplimiento acorde al mandato de los tratados internacionales específicamente ante CIDH en el tema del aborto, porque no se ha armonizado la legislación.
“Prácticamente en 81 días, el sistema judicial no pudo resolver el problema y arriesgó la vida, la salud y la integridad de Beatriz. Ese caso puede repetirse en cualquier momento en el país. Nos alegra este primer paso de la CIDH y esperamos que el Estado salvadoreño responda y asuma su compromiso, porque este tema se trata de los derechos humanos de las mujeres, aunque sabemos que la presión social de grupos conservadores sobre los políticos no los deja cumplir con sus obligaciones de legislar por miedo a los votos”, acotó.
Cifras de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico revelan que entre los años 2000 a 2011 se han reportado 129 mujeres que han sido procesadas por el delito de aborto u homicidio agravado, con penas que oscilan entre los 2 y 40 años de cárcel; y que actualmente 15 mujeres se encuentran a la espera del indulto, que las libere de condenas que cumplen debido a complicaciones de embarazo.
El Estado salvadoreño deberá responder ante la CIDH sobre el “Caso Beatriz” antes del 24 de junio de 2015; las organizaciones sociales esperan que los legisladores y legisladoras reformen las normativas internas que garanticen los derechos de las mujeres.
