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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al “restablecimiento de un régimen democrático en Nicaragua”, a través de la convocatoria de elecciones libres, participativas y transparentes; de un sistema de pesos y contrapesos, y de procesos dirigidos a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
En el quinto año del inicio de las protestas sociales en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos extendió su solidaridad con las víctimas y familiares de las “graves violaciones a los derechos humanos”, que fueron perpetradas el 18 de abril de 2018.
Ese 18 de abril, dice la CIDH, fueron personas mayores, junto a jóvenes y estudiantes universitarios, quienes reaccionaron con protestas sociales, en respuesta a un grupo de reformas propuestas desde el gobierno a la Ley de Seguridad Social, que reflejaron de inmediato el rechazo y descontento social que se ha sumado desde años anteriores ante procesos institucionales, que ha terminado en coartar la expresión ciudadana.
“Cooptando instituciones públicas y concentrando los poderes públicos en el Ejecutivo”, manifestó el organismo pro derechos humanos hemisférico.
“La respuesta estatal represiva y violenta frente a las protestas y la disidencia continúa hasta la fecha. La CIDH, identificó diferentes etapas y niveles de intensidad, que desencadenaron una crisis política, social, económica y de derechos humanos, que sigue profundizándose”, dijo.
Sobre los últimos cinco años, la CIDH agregó que en Nicaragua, dichas violaciones han generado la muerte de al menos 355 personas a las que se suman más de 2 mil lesionadas y otras 2 mil personas privadas de libertad. La CIDH agrega que 322 ciudadanos nicaragüenses han sido “privados arbitrariamente” de su nacionalidad y más de tres mil organizaciones no gubernamentales fueron canceladas. Y que hasta el 31 de marzo del presente año alrededor de 26 personas permanecen ilegalmente detenidas.
“La CIDH ha registrado más de 400 despidos de personas trabajadoras de la salud por ejercer su labor o tener un posición crítica al gobierno, inclusive, en el contexto del manejo de la pandemia del COVID-19. Del mismo modo, persisten las represalias y detenciones arbitrarias contra estudiantes y líderes universitarios que participaron en las protestas sociales”, acotó.
“Desde el 2018, más de 150 estudiantes fueron expulsados de sus universidades; además, más de una decena de universidades privadas y centros de estudios han sido cerradas forzadamente con el fin de limitar la libertad académica en todo el país”, indicó.
La CIDH reseñó que anterior a la toma de posesión del cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega en el Ejecutivo, se observó una “radicalización de una nueva etapa represiva”, que vendría a provocar la supresión del espació cívico y democrático en Nicaragua.
Esta radicalización del mandato se manifestó con el “cierre masivo” de organizaciones de la sociedad civil , la desarticulación de movimientos sociales y de medios de comunicación generando la “restricción de la libertad de prensa y expresión, junto a la persecución selectiva de cualquier persona que cuestionara al gobierno sin importar el ámbito de participación cívica y social, mientras se considere “opositora al gobierno”, lo que incluyó a la iglesia católica.
“En lo que va del año 2023, la CIDH condenó la escalada de nuevas violaciones de derechos humanos. En particular, la excarcelación de 222 personas el 9 de febrero, a quienes se les privó arbitrariamente de la nacionalidad, luego de ser deportadas a los Estados Unidos, como forma de castigo. Ello, sin estar previsto en la legislación interna y de manera contraria al principio de legalidad e irretroactividad de las penas”, señaló.
“Asimismo, el 15 de febrero, la CIDH rechazó la resolución judicial que privó de la nacionalidad, de sus derechos políticos y de todas sus propiedades a otras 94 personas identificadas como opositoras políticas, a las que condenó como prófugas de justicia y traidoras a la patria sin ningún juicio previo”, expresó.
La CIDH denunció esta el “cierre y control total de los sectores críticos de la Iglesia Católica nicaragüense”, como la detención de más de 20 personas que habrían sido privadas de libertad por incumplir la prohibición impuesta del gobierno de “no realizar las celebración católicas en espacios públicos”, personas que aún guardan prisión como Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, que ha sido sentenciado por el delito de “traición a la patria” a más de 26 años de cárcel y la privación de su nacionalidad y derechos políticos.
“En el Informe de 2018, como antecedente, la CIDH concluyó que la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político, y que se siguió un patrón común, caracterizado por uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, incluso, la fuerza letal, el uso de grupos parapolicial, esos grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales, el obstáculo en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos como forma de represalia por su participación en las manifestaciones”, consideró.
“La CIDH continúa trabajando en la construcción y actualización de bases de información así como en la elaboración de informes que puedan coadyuvar a los esfuerzos para resguardar la verdad histórica y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en un eventual proceso de transición a la democracia”, puntualizó la CIDH en su pronunciamiento oficial.
