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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanyos (CIDH) lamentó la ausencia del Estado en la audiencia sobre las violaciones cometidas durante el Régimen de Excepción, y expresó su preocupación por la extensión de esta medida por 30 días más, donde han ocurrido detenciones arbitrarias generalizadas, siendo las comunidades pobres y marginadas las más afectadas.
Este 23 de junio las organizaciones de derechos humanos expusieron ante la CIDH sobre las detenciones masivas, la obstaculización al derecho de defensa, la situación de las personas privadas de libertad y las condiciones inhumanas en el sistema penitenciario.
Julissa Falcon, relatora de la CIDH para El Salvador, señaló que el 22 de junio recibieron una nota del Estado salvadoreño declinando la participación en la audiencia, pese a que había sido notificado.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, también lamentó que el Estado no haya querido rendir cuentas sobre la situación de derechos humanos en el país, las víctimas de extradiciones judiciales y torturas, sin embargo, a pesar del silencio estatal 13 organizaciones externaron su preocupación por los impactos en los derechos humanos que ha tenido la aplicación del Régimen de Excepción en El Salvador vigente desde el 27 de marzo hasta la fecha.
Asimismo, indicó que esta medida aprobada es la misma política de seguridad en los últimos 20 años en la guerra contra las pandillas, pero además ha representado la respuesta del Estado ante la ruptura de un supuesto diálogo entre el gobierno y los grupos delictivos.
“Audios, documentos del mismo gobierno, fotografías, así como una investigación del ex fiscal general destituido ilegalmente por el partido oficialista son solo algunos de los elementos que permiten dudar de un plan de seguridad que no se haya basado en un pacto entre representantes del gobierno y líderes de pandillas”, aseguró la representante del Servicio Social Pasionista.
Belissa Guerrero, de Amnistía Internacional, pidió a la CIDH que exhorte al Estado salvadoreño a derogar el decreto de Estado de Excepción y toda la normativa violatoria aprobada en este contexto, a fin de revertir de forma inmediata las violaciones a derechos humanos cometidos en su período, se cumpla con las normas del debido proceso y la garantía judiciales en torno a los procesos penales.
“Las organizaciones solicitantes de esta audiencia pedimos que ante la falta de comparecencia del Estado, pedimos a la comunidad internacional mantenerse vigilantes de la situación de derechos humanos en el país, así como redoblar sus esfuerzos para que en El Salvador se mantenga abierto al necesario escrutinio internacional”, enfatizó.
