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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación ante las muertes violentas de personas trans y de género diverso”, luego de conocer diversas estadísticas del 2023 e inicios de 2024 en la región, incluido El Salvador.
“La violencia perpetrada contra las personas trans representa una flagrante violación de los principios fundamentales de derechos humanos y requiere que los Estados adopten, con urgencia, medidas concretas para prevenir la discriminación y violencia en contra de personas trans y de género diverso”, señala en un comunicado.
Las valoraciones de la CIDH parten de los datos de sociedad civil, como la de Ecuador, que hasta junio de 2023 registra por lo menos 6 asesinatos de mujeres trans.
Mientras, en Brasil, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023 se documenta alrededor de 98 personas trans asesinadas. En tanto Colombia, retomando los datos de diciembre, regi el asesinato de 24 mujeres trans durante el año 2023.
Igualmente, entre los meses de enero y febrero más de 10 mujeres trabajadoras sexuales fueron asesinadas en Perú, entre ellas varias mujeres trans.
En Panamá, en el mes de agosto, se tuvo conocimiento de una “brutal y particularmente cruel golpiza sufrida por una mujer trans”, que fue propinada por un particular quien fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales, quien se encuentra procesado penalmente.
En Chile, en septiembre, la CIDH tuvo conocimiento del asesinato y desmembramiento de una persona transmasculina. Y en octubre una adolescente migrante trans colombiana, de 16 años, fue asesinada en la ciudad de Santiago.
Entre el 8 y 11 de noviembre, la CIDH recibió información de 2 asesinatos de mujeres trans en Honduras, y de otras 2 en Venezuela.
“La CIDH condena la violencia perpetrada contra personas LGBTI, defensoras de derechos humanos y las muertes violentas de activistas trans y de género diverso, entre ellas Diana Zoe López García, en Argentina, asesinada por su pareja a confesión de parte ante autoridades competentes y en el marco de un proceso judicial”, indicó.
“Así como la muerte de Ociel Baena, Magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes en México, en 2023”, añadió la CIDH.
En El Salvador organizaciones de mujeres trans reportaron a finales del 2023, el asesinato de 600 mujeres transgénero, en 31 años de registro, de este tipo de delitos.
En las primeras semanas de enero 2024, La CIDH han monitoreado al menos 5 muertes violentas y 2 agresiones no letales, que incluye casos de personas activistas, defensoras o con liderazgos públicos como : Miriam Ríos Ríos, Comisionada municipal del partido Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán, y Samantha Fonseca, activista y excandidata, en Ciudad de México.
“Los anteriores son algunos de los casos en los Estados de la región de los cuales la CIDH ha tenido conocimiento durante 2023 y las primeras semanas de 2024, aunque no representan la totalidad de ellos”, señalan.
“En general, continúan siendo preocupantes tanto la falta de datos oficiales, que siguen siendo producidos mayoritariamente por la sociedad civil, como el subregistro de denuncias de violencia por prejuicio”, acota el organismo regional sobre los derechos humanos.
Sobre los datos del registro global ‘Transrespect vs Transfobia’ y del TGEU (Transgender Europe), entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, se documentaron 321 casos de asesinatos de personas trans, de los cuales 269 casos fueron atribuidos a la región.
“La CIDH ha considerado que la violencia por prejuicios, en general, se caracteriza por la impunidad, ya que pocos perpetradores son detenidos, procesados o juzgados. La falta de debida diligencia para abordar estos asesinatos y violencias constituye una omisión grave que perpetúa la repetición crónica y la vulnerabilidad de las personas trans, de la diversidad sexual”, advierten.
“Los Estados deben investigar todas las violaciones de derechos humanos y, en particular, los hechos violentos en contra de las personas trans y de género diverso incorporando enfoques diferenciados e interseccionales, que respeten su identidad” manifiestó.
La CIDH hizo un “llamado imperativo a los Estados” para que implementen políticas públicas y medidas concretas destinadas en la prevención de la violencia basada en la identidad de género.
También solicita crear leyes y protocolos que protejan a las personas trans de la discriminación y la violencia; la capacitación del funcionariado público de los poderes del Estado, y medidas educativas y culturales que acaben con las prácticas discriminatorias que incitan a la violencia.
“Se subraya la importancia de establecer mecanismos efectivos para monitorear y evaluar el cumplimiento de estas medidas, garantizando la rendición de cuentas y la transparencia en la protección de los derechos de las personas trans”, concluye el comunicado.
