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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado salvadoreño a cumplir sus obligaciones internacionales y garantizar políticas penitenciarias y de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, esto tras haber implantado un régimen de excepción que ha dejado más de 36 mil capturas de supuestos pandilleros. Y por la muerte de más de una veintena de reos.
A la Comisión le preocupa las prórrogas de la suspensión de derechos contenidas bajo el régimen de excepción y “las consecuentes restricciones” a los derechos humanos en lugar de la implementación de políticas públicas sobre seguridad ciudadana que incorporen los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado.
Aparentemente, el Estado informó a la Comisión que la necesidad del régimen de excepción “se justificaba porque el andamiaje jurídico e institucional existente no había sido suficiente para contener la ola de incremento en el número de homicidios violentos y graves perturbaciones del orden público”.
También, El Salvador le habría comentado a la CIDH sobre la proporcionalidad de la medida, ya que “no se habría restringido el derecho de reunión y asociación de la población en general, sino a lo necesario para contrarrestar el accionar ilegal e ilegítimo de los integrantes de pandillas o grupos criminales”. pues con el régimen está suspendido el derecho a la libre asociación.
La organización internacional instó al Estado a cumplir “con su obligación”, refiriéndose a informar inmediatamente a la persona detenida, sus familiares y representantes, sobre los motivos y razones de la detención. También debe de informar el lugar de privación de libertad.
