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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Yo tengo 44.5 (rango normal 10 microgramos por decilitro en sangre), los brazos los tengo grises de plomo y tengo algunas pringas (partículas) en los pulmones. Y tengo compañeros que fallecieron, como mi jefe inmediato Martín Durán, que empezó a sangrar en el trabajo, se lo llevaron al Seguro (ISSS) y murió”, declaró Jorge Alberto Hernández, representante de los extrabajadores de Baterías de El Salvador.
Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, UNES, Comité Ambiental Sitio del Niño “Libres de Plomo” y la Asociación de Exempleados de Baterías de El Salvador se pronunciaron luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizara un “Examen de Fondo” a la denuncia presentada en los casos de contaminación con plomo en el cantón Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad. La empresa responsable era conocida como “Baterías Récord”.
Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su informe por estas violaciones a los derechos humanos de esta población y solicta al Estado salvadoreño una respuesta sobre esta “impunidad” en que se encuentran los habitantes, luego de 25 años del cierre de dicha planta de reciclaje de baterías y la violación a la protección de las garantías judiciales de sus extrabajadores.
“Nosotros como extrabajadores lo que queremos es una reparación digna, ya que si la empresa percibía más de mil millones de dólares cada año, en 11 años de estar en el cantón Sitio del Niño salieron ofreciéndonos 195 dólares para pagarnos ante los daños de salud”, dijo Hernández.
“Lo que necesitamos es que nos reparen la salud, y con esos 195 dólares jamás vamos a poder sanar o ayudar a nuestros hijos. Y los compañeros que fallecieron y todos aquellos que están enfermos actualmente. Además, queremos que retiren toda la escoria porque hay entierros dentro de la planta que podemos señalar a donde están”, sostuvo el extrabajador de Baterías Récord.
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, explicó que los afectados de Sitio del Niño continúa siendo una “deuda histórica de justicia moral y ambiental”, frente a la impunidad de la empresa Baterías de El Salvador que contaminó la zona y las autoridades del Estado, que no realizaron ninguna remediación al derecho a la salud y del medioambiente.
“Recientemente a principios de este 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó el caso y constató esta situación de violaciones de derechos a la salud al medio ambiente de la zona, y que no ha sido resuelto por ningún gobierno en turno, ni la actual administración. Esta afectación impactó entre 24 a 8 mil personas, en un radio 1,500 metros cuadrados, y que al final no hubo ninguna remediación ambiental ni atención integral a la salud de sus habitantes y trabajadores”, sostuvo Díaz.
Igualmente, Díaz comentó que la captura de José Ofilio Gurdián Lacayo, en noviembre del año pasado, en Colombia, al ser uno de los propietarios de Baterías Récord, les preocupa que aún la Fiscalía General de la República no haya emitido declaraciones de su extradición o qué otras medidas tomarán.
“Le preocupa a las personas afectadas entre habitantes y extrabajadores que públicamente no se conozca si las autoridades fiscales lo van a extraditar para que responda a la población afectada en su salud y el medio ambiente del lugar de residencia en el cantón Sitio del Niño, por ahora es un total silencio”, indicó.
En cuanto al tema de la reparación el abogado de Tutela Legal comentó que, por antecedentes de pasados procesos de indemnización por lesiones en los niños, consideró que fue una experiencia cercana a la “burla y humillación” para los padres de familia por parte de los propietarios. Al ofrecerles 195.00 dólares, ellos salieron indemnes con sus ganancias a otros países.
“Sabemos que siguen trabajando en los Estados Unidos, que tienen empresas en la región y no han respondido a la justicia. Por ello, es que denunciamos y exigimos justicia. Además, hubo toda una persecución a los miembros del Comité Ambiental y otras personas que por amenazas tuvieron que salir del país y eso nunca se investigó”, expresó.
Asimismo, reiteró que tampoco se realizó una investigación a fondo a los funcionarios que permitieron la contaminación producida por Baterías de El Salvador, por lo que, como Comité Ambiental Sitio del Niño, Extrabajadores de Baterías de El Salvador, Tutela Legal y UNES exigen que se retire de la zona el material tóxico que, afirmó, eran toneladas métricas de plomo y escoria (residuo de baterías vencidas) que ahora es responsabilidad del gobierno actual.
“Esta responsabilidad es ahora del Estado, porque dejaron que los dueños evadieron esa responsabilidad de remediar el medio ambiente y atender a las víctimas contaminadas con plomo. Este es un desastre que ha impactado al país y si no atienden esto será un precedente nefasto para la justicia ambiental y para las víctimas de Sitio del Niño”, alegó Díaz.
Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), reseñó que el Caso de Contaminación por Plomo en Sitio del Niño se suma a los incidentes de injusticia e impunidad ambiental en el país.
“Es lamentable cómo una fábrica pudo pasar más de 10 años contaminando con plomo comunidades, su agua, suelo y biodiversidad, ante una mirada inactiva del Estado. Y que pese a una gran cantidad de denuncias de la población y organizaciones no hizo nada”, afirmó González.
Para el ecologista fue estratégico en este caso que la población se organizara y realizó actividades colectivas para que decidiera al final detener la actividad de reciclaje de baterías de la empresa. No obstante, acceder a la justicia el camino ha sido largo y lleno de injusticias.
“La empresa debió reparar el daño provocado por el plomo depurando y descontaminando el medio ambiente en la zona, pero no ha ocurrido. Y es la realidad en El Salvador, fábricas e industrias contaminan, dañan el medio ambiente de la población sin que el Estado haga un monitoreo para que esto no ocurra y si ocurre que las comunidades tengan acceso a la justicia”, manifestó.
“Creo que un paso importante para esta población es la reparación del daño, la que debería de estar a cargo de esa empresa. Pero siempre, como en la mayoría de países,cuando se descubre algo los empresarios ya se llevaron el dinero, se declaran en bancarrota y se van. Entonces el Estado termina asumiendo los daños que al final los paga con nuestros impuestos”, argumentó Gónzalez.
El plomo es un metal pesado o densidad alta, cinco veces mayor a la del agua, que es altamente tóxico que puede generar diversos problemas de salud como: dolor de cabeza, cólicos abdominales, anemia, estreñimiento, dificultad para embarazarse y dificultad para dormir, cáncer, entre otros padecimientos. Y para depurar de plomo el medio ambiente, acotó Luis González, eran técnicas de alto costo, pero que era lo más viable para solventar la salud de la población, pero en el caso de Sitio del Niño se había dejado atrás la remediación ambiental para los habitantes de la zona.
“El plomo es un metal pesado y puede estar allí, hasta que algo lo absorbe o se pueda combinar con otra cosa puede hacerlo una planta, un animal, el ser humano.
En este caso está tan concentrado que se deben aplicar normas internacionales para poder depositarlo de manera adecuada en sacos de cierta calidad y se lleve a otro lugar para procesarlo de manera segura, no se puede dejar en el suelo”, explicó.
“Otra forma de descontaminar el suelo es sembrar un cultivo de ciclo corto como el maíz , se siembra maíz en todo Sitio del Niño, para absorber todo ese metal pesado poco a poco, haciendo mediciones de la reducción del metal pesado en el suelo pero ese maíz no se podrá consumir y debe disponerse en un contenedor de concreto”, puntualizó González.
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