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Por Ramon Sahmkow
Washington/AFP
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a los países de América Latina derogar leyes de amnistía y desclasificar archivos, treatment haciendo presión por esclarecer violaciones de derechos humanos ocurridas durante las guerras civiles y dictaduras en la región.
«El derecho a la verdad no puede ser coartado, generic entre otras formas, viagra a través de medidas legislativas tales como la expedición de leyes de amnistía», señaló la CIDH en un informe.
Chile, Brasil y Uruguay, férreas dictaduras hasta mediados y finales de la década de los ochenta, así como Guatemala y El Salvador, escenarios de cruentas guerras civiles durante esa década, mantienen vigentes estas leyes, implementadas para impedir en el futuro el juicio por violaciones a los derechos humanos en esos regímenes.
«Esas leyes de amnistía son de suma preocupación para la Comisión (…) porque pudieran aplicarse para cerrar investigaciones», dijo a la AFP Erick Acuña, especialista en derechos humanos del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos.
El informe de un centenar de páginas, titulado «Derecho a la Verdad en las Américas», recopila los pasos que tomaron y las obligaciones de los países para llegar a término con su historia negra.
Con la firma de acuerdos de paz o la vuelta a la democracia, se conformaron comisiones de la verdad en 16 países para esclarecer los casos de violaciones de derechos humanos.
La primera se creó en Argentina tras la vuelta a la democracia en 1983 y la última sigue activa desde 2012 para investigar los crímenes durante la dictadura en Brasil (1964-1985).
«Ha sido positivo», dijo Acuña, resaltando que la mayoría de las comisiones lograron que se abrieran al público archivos oficiales, incluyendo militares, que eran confidenciales.
«No son solo las víctimas y sus familiares quienes tienen derecho a la verdad, sino también la sociedad como un todo», dijo la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, en un comunicado.
Desafíos pendientes
La información desenterrada permitió nuevas investigaciones judiciales por casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas y sirve de materia prima a las labores de la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Sin embargo, todavía resulta necesario dar pasos decididos para resolver esas situaciones», concluyó en su informe la Comisión, con sede en Washington.
Según Acuña, que asistió en la redacción del informe, muchas investigaciones de desapariciones forzadas, ejecuciones o torturas «no son realizadas de manera adecuada» por la falta de recursos, y muchos casos, incluso más de dos décadas después, siguen sin resolverse.
Además de derogar las leyes de amnistía, la CIDH llamó a los países a eliminar el uso de la jurisdicción penal militar en juicios por supuestos de violación de derechos humanos, donde con frecuencia uniformados son sentados en el banquillo.
«Se dificulta la imparcialidad», apuntó en el informe el organismo, señalando que las investigaciones en manos de jueces militares «suelen servir para encubrir los hechos en lugar de esclarecerlos».
Según la Comisión, los países deben también profundizar las labores de desclasificación de documentos: «La información que pueden reunir estos archivos posee un valor innegable y es indispensable no solo para impulsar las investigaciones sino para evitar que hechos aberrantes puedan repetirse».
Un punto adicional para la CIDH es la creación de nuevos museos o «espacios de memoria» sobre los crímenes cometidos hace más de un cuarto de siglo.
Pero tras varias décadas de gobiernos democráticos a lo largo de América Latina, continúan teniendo lugar violaciones de los derechos humanos, como la reciente la desaparición de 43 estudiantes mexicanos tras ser atacados por policías y sicarios en el sur del país.
El informe «no es sobre el pasado solamente, sino que es una contribución al presente» y a un «futuro exento de este tipo de abusos», dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.
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Fotografía: los militares involucrados en elasesinato de los jesuitas y dos de sus trabajadoras fueron beneficiados por la ley de amnistía en El Salvador.
