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Washington/AFP
La CIDH advirtió este martes sobre las amenazas que persisten contra las comunidades indígenas que viven aisladas en las zonas más remotas de Suramérica, especialmente como consecuencia de la extracción de recursos naturales, y pidió no contactarlos.
Las incursiones en los territorios indígenas «se dan en su mayoría en el contexto de extracción de recursos naturales», indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe de unas 80 páginas.
Según la CIDH, las actividades de extracción «representan quizás la mayor amenaza al pleno goce de los derechos humanos» de esos pueblos, que viven en aislamiento voluntario o con esporádico contacto con el mundo exterior.
El informe recoge casos de tala legal o ilegal de madera en Perú, Brasil o Ecuador, extracción de hidrocarburos en Bolivia, minería ilegal en Venezuela o ganadería y agricultura de soja en Paraguay en territorios protegidos o cerca de ellos.
Pero también la construcción de carreteras o centrales hidroeléctricas ejercen presión sobre estas comunidades, señala el documento.
La demanda creciente de materias primas alimentó el desarrollo en la última década de los países suramericanos, ricos en recursos energéticos y minerales, lo que aumentó la tensión con los reclamos de grupos ecologistas e indígenas.
Según la CIDH, los Estados han reconocido más de 9 millones de hectáreas de zonas protegidas, pero «en la práctica las prohibiciones de acceso a estas áreas no siempre son respetadas, ni se realizan acciones para hacerlas cumplir».
No contactar
En su informe, el organismo recomienda a los Estados reconocer y proteger los derechos de las comunidades aisladas y sus territorios, y seguir «el principio de no contacto», al menos que sea «propiciado por los pueblos en aislamiento».
«Si se elimina el contacto no deseado, se elimina la mayoría de las amenazas y se garantiza el respeto a los derechos de estos pueblos», indicó la CIDH.
Aunque reconoció que los obstáculos obedecen a patrones «estructurales históricos» en la región que serán difíciles de resolver, llamó a los países a proteger a los pueblos indígenas aislados «o ser testigos de su desaparición».
Unos 200 pueblos indígenas y cerca de 10.000 personas viven en zonas remotas de la selva amazónica y la región del Gran Chaco (que comparten Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil) en Suramérica, la mayor población aislada en el mundo.
Esas comunidades viven en una «situación única de vulnerabilidad», bajo amenaza tan solo con entrar en contacto con extraños, según la CIDH, órgano autónomo de la OEA.
El encuentro con misioneros o científicos, o el hallazgo de utensilios o alimentos desconocidos representa una amenaza para su cosmovisión y una «pérdida cultural irreparable».
El turismo en esas zonas tampoco se salva de las críticas, con señalamientos de la CIDH contra la noción de las comunidades aisladas como «atractivo ‘turístico'» y a favor de implementar estrictas restricciones.
Al entablar contactos, señala el informe, «el pueblo pasa de una situación de autosuficiencia en la selva a una dependencia casi total de quienes le proporcionan comida y medicamentos», con un «gran efecto desmoralizante» en su identidad.
Las incursiones además han provocado contagios letales con enfermedades extrañas -que se remontan a la conquista de los europeos en el siglo XV- así como episodios de violencia, que han terminado en muertes de indígenas o ataques contra terceros.
En los últimos años el tráfico de drogas se ha convertido en una amenaza para los pueblos aislados en Colombia, Perú y Bolivia. Es un «doble riesgo», señala el informe, por el contacto con narcotraficantes y el aumento en la zona de presencia de fuerzas de seguridad.
