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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un comunicado reconoce el excarcelamiento de los más de 200 personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, pero rechazó su deportación y la privación “arbitraria” de la nacionalidad por parte del Estado nicaragüense a estas persona.
La madrugada del 9 de febrero pasado, se dio a conocer la excarcelación de 222 personas privadas de libertad por “motivos políticos” en Nicaragua, señaló la CIDH, luego fueron deportadas a los Estados Unidos, el mismo día, en cumplimiento de una sentencia de la Sala Penal 1, del Tribunal de Apelaciones de Managua, que ordenó su “deportación inmediata”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la “Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. La CIDH tiene el manato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta materia.
“La CIDH reconoce que la excarcelación pone fin a años de encierro arbitrario de estas personas, bajo condiciones deplorables de detención, por ser consideradas opositoras al gobierno, ejercer legítimamente las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, así como la defensa de los derechos humanos”, afirmó.
“Por otra parte, repudia que estas excarcelaciones hayan venido aparejadas de la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, con lo cual la mayoría de las 222 personas liberadas estarían en una situación de apátridas”, manifiesta en el comunicado.
La acción de la Asamblea Nacional el mismo 9 de febrero, agrega, en la cual se establece que la “adquisición, pérdida o recuperación de la nacionalidad” estarán regulados por leyes y los “traidores a la patria” da orden la calidad de nacional nicaragüense.
“Asimismo, se aprobó la Ley 1145 que regula la pérdida de la nacionalidad estipulada en el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, estableciéndose que las personas sentenciadas bajo la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz perderán la nacionalidad nicaragüense”, señaló.
“La Convención Americana, consagra el derecho a la nacionalidad y establece expresamente una garantía contra su privación arbitraria; y los Principios Interamericanos sobre los derechos de las personas migrantes establecen que toda persona tiene un derecho inderogable a tener una nacionalidad y no ser apátrida, a conservar su nacionalidad, no pudiendo denegarse, perder o ser privada arbitrariamente de ella”, advirtió.
La CIDH también sostiene en su comunicado que la “nacionalidad constituye un derecho inderogable de todas las personas”, y que la privación arbitraria de la misma, especialmente como pena o sanción por motivos políticos, es contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Nicaragua, forma parte de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, desde el año 2013.
“La CIDH urge a Nicaragua a garantizar el pleno acceso y goce del derecho a la nacionalidad, así como adoptar medidas para prevenir y erradicar la apatridia, para lo cual hace un llamado al Estado a derogar las recientes modificaciones legislativas contrarias a los estándares internacionales e interamericanos sobre la materia”, expresó.
“Asimismo, llama a los Estados de la región a adoptar o fortalecer los mecanismo de cooperación regional y de responsabilidad compartida que permitan atender y reconocer a las personas apátridas y consecuentemente, otorgarles la protección especial que requieren, garantizando el acceso a los territorios y procesos para brindar protección internacional, e implementar acciones de inclusión social sin discriminación, en favor de estas personas”, exhortó la CIDH.
Por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del “Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua” (MESENI), seguirá de cerca la “situación” de estas 222 personas liberadas. Y urgió al Estado nicaragüense de liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis en Nicaragua, sin que les sea aplicada la ley que les despoja de su nacionalidad y busca su deportación.
