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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En su reciente lanzamiento sobre los “Derechos Humanos de Personas Mayores y los Sistemas Nacionales para su Protección”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó de manera específica los derechos de esta población, además de dar cuenta de los mecanismo que proveen los Estados para su garantía.
La CIDH se basó en el “nuevo paradigma sobre la vejez” que se encuentra contenido en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CPM), que define el envejecimiento como una etapa más en el ciclo de vida de las personas, por tanto, son valiosas y dignas por sí mismas.
“EL nuevo paradigma de la vejez activa e independiente supone erradicar la discriminación por edad (edadismo). El edadismo restringe injustamente los derechos de las personas mayores, invisibiliza problemáticas y, sobre todo, las expone a diversas formas de violencia”, afirma.
El informe tiene a la base los datos expuestos por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Mayores de la CIDH, que dio seguimiento a los avances y retos en materia de derechos humanos y las personas mayores a nivel internacional e interamericano, que contó con la información de los Estados miembro, organizaciones de sociedad civil y especialistas sobre la materia.
“El informe también pone de manifiesto retos pendientes en materia de protección y garantía de los derechos de las personas mayores. Por ejemplo, la falta de producción y recopilación de información estadística respecto de la situación de las personas mayores o de programas para la prevención, denuncia y sanción de la violencia en contra de las personas mayores y el fomento a su acceso a la justicia”, señala.
La CIDH pidió el desarrollo de sistemas de cuidados integrales con enfoque de género participando activamente en su diseño, implementación, monitoreo, así como su financiamiento total o parcial.
Recomienda, además, el respecto al derecho de la “seguridad social” de las personas mayores señalando que estos deben cubrir los niveles básicos para la subsistencia de este grupo poblacional.
La CIDH solicita la revisión de las normativas, políticas y programas sobre seguridad social, que al final permita asegurar el acceso universal a las prestaciones y en particular ampliando la cobertura a programas de pensiones no contributivas. “Deben asegurar un ingreso que permita una vida digna en la vejez. Ante cualquier afectación económica del sistema de pensiones no contributivas, los Estados deben garantizar que las personas mayores sin acceso a ningún otro tipo de ingreso económico deben ser priorizados frente a cualquier tipo de restricción o reducción de asignaciones económicas”, recomienda.
