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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reiteró en su mensaje a las Américas en el Día Internacional de la Mujer, su innegable participación plena en las políticas para la paz.
“Su participación en temas de seguridad y de gestión de crisis, es fundamental para frenar la violencia que enfrentan en la cotidianidad, y que se potencia en contextos de crisis”, afirmó la CIDH.
Asimismo, en ese reconocimiento invitó a los Estados a promover la participación y liderazgo de las mujeres en la construcción, ejecución y evaluación de políticas de prevención. Así como, la reducción del delito y las estrategias para abordar y superar situaciones de crisis.
En El Salvador, pese a la reducción de asesinatos debido a la violencia de pandillas y la delincuencia común, sólo el año 2023 reportó 43 feminicidios.
De los cuales, han afirmado organizaciones de mujeres feministas y de derechos humanos, que estos casos no han sido investigados por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, lo que fortalece a los agresores en su impunidad por falta de justicia.
La CIDH les recordó a los Estados miembros que la participación de las mujeres en asuntos públicos no sólo es un derecho protegido por la Convención de Belém Do Pará, sino que es crucial para el éxito de cualquier iniciativa estatal, como las estrategias de seguridad y para abordar situaciones de crisis.
“La participación de ellas es necesaria para que las prioridades y necesidades de protección específicas se vean reflejadas en estas políticas, lo que a su vez favorece la consecución de los objetivos de prevención y reducción del delito, la violencia y el conflicto”, reiteró. Las declaraciones de la CIDH contrastan con las denuncias de organizaciones de mujeres y de derechos humanos, que en el contexto del “Estado de Excepción”, han denunciado capturas arbitrarias de mujeres defensoras en sus territorios, los que en su mayoría son comunidades en vulnerabilidad social y económica. Y en los casos más graves han reportado sus muertes en los centros penitenciarios, cuando estaban en manos del Estado. Como ha documentado CRISTOSAL y el Socorro Jurídico Humanitario.
En cuanto al informe “Impacto del crimen organizado en mujeres, niñas y adolescentes” , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que ningún objetivo de seguridad puede alcanzarse si no se toman en cuenta las causas y consecuencias diferenciadas de la violencia de género contra las mujeres.
“Partimos del entendimiento de que ésta constituye un problema estructural que se sustenta en patrones discriminatorios de género, enraizados en una cultura patriarcal y machista. Así, la violencia está siempre presente en la vida de las mujeres, y se agrava en contextos de crisis, como conflictos armados, inseguridad, crisis sanitarias, entre otras”, reafirmó la Comisión.
Por lo que expresó que la participación de las mujeres en la construcción de las estrategias de seguridad ciudadana, y las relacionadas con la gestión y resolución de crisis, es crucial para abordar de forma adecuada las causas y impactos diferenciadas de la violencia de género contra las mujeres, tanto en contextos ordinarios como en situaciones de crisis.
No obstante, admitió que en la región, las políticas de seguridad, especialmente de “lucha contra el crimen organizado”, no han integrado debidamente los factores de riesgo y necesidades de protección que conciernen específicamente a las mujeres.
“A pesar de tener una participación activa en la gestión y resolución de crisis – como conflictos armados y crisis sanitarias – su participación en los espacios formales de toma de decisión sigue siendo limitada”, reconoció la CIDH.
“Por lo anterior, la Comisión urge a los Estados de la región a crear e institucionalizar espacios que garanticen la participación de las mujeres en la construcción de políticas de seguridad ciudadana y para abordar situaciones de crisis, en todos los niveles de toma de decisión”, sugirió.
Y esto pasa con su participación en todas las etapas de construcción de políticas públicas y leyes al promover la participación y liderazgo de las mujeres en la formulación, ejecución y evaluación de estas políticas.
“No sólo es parte de la obligación de garantizar la igualdad formal y real de las mujeres en la vida pública, sino, que tiene un efecto multiplicador para lograr la igualdad de derechos en todos los ámbitos relevantes a la igualdad de género”, concluyó.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
