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Samuel Amaya
@Samuel Amaya98
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado salvadoreño investigar los fallecimientos que se han registrado en los centros penales en el contexto del régimen de excepción. Estos deben ser investigados “de forma rápida, seria e imparcial, identificar y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas, y adoptar las medidas necesarias para evitar más muertes de personas se encuentran en custodia estatal”. Fue a través de un comunicado durante la tarde este viernes que la CIDH hizo un llamado a El Salvador a hacer las diligencias. La Comisión sostuvo que, según información pública, entre el 3 de abril y el 29 de mayo de este año, “al menos 21 personas privadas de libertad habrían perdido la vida, de las cuales al menos 15 fueron detenidas durante el régimen de excepción”. En el documento informan sobre los casos de fallecimientos en los centros penales: “una persona detenida tenía discapacidad, catorce de ellas estaban en el Centro Penal de Izalco, en Sonsonate; tres en el Centro Penal La Esperanza, en San Salvador; y una en el Centro Penal de Quezaltepeque, en La Libertad. Al menos diez de las muertes –incluida la de la persona con discapacidad– fueron causadas por golpes. Cinco personas habían perdido la vida por edema pulmonar; sin embargo, en dos casos, familiares sospechan que fueron víctimas de homicidio. Asimismo, dos personas habrían fallecido por falta de suministro de medicamentos”, planteó la CIDH.
La CIDH aseguró que los Estados son garantes de los derechos de las personas privadas de libertad y tienen el deber jurídico ineludible de realizar acciones concretas para garantizar la vida, salud e integridad de todas las personas que se encuentran bajo su custodia.
Por tal urgió a El Salvador cumplir sus obligaciones internacionales y garantizar políticas penitenciarias y de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, esto tras haber implantado un régimen de excepción que ha dejado más de 36 mil capturas de supuestos pandilleros. En esas capturas también ha habido personas que no tiene vínculos con pandillas y que les fueron violentados sus derechos humanos.
A la Comisión le preocupa las prórrogas de la suspensión de derechos contenidas bajo el régimen de excepción y “las consecuentes restricciones” a los derechos humanos en lugar de la implementación de políticas públicas sobre seguridad ciudadana que incorporen los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado.
La organización internacional instó al Estado a cumplir “con su obligación”, refiriéndose a informar inmediatamente a la persona detenida, sus familiares y representantes, sobre los motivos y razones de la detención. También debe de informar el lugar de privación de libertad. Estos puntos son incumplidos por el Gobierno, lo que ha generado un caos en las afueras de los centros penales, pues familiares de detenidos buscan información.
La Comisión instó al Estado a adoptar las medidas requeridas para reducir el hacinamiento a través de la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, así como a garantizar condiciones de detención dignas, asegurar alimentación suficiente y de calidad, y garantizar el contacto de las personas detenidas con sus familiares.
