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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Urge al Estado a restablecer los derechos y garantías suspendidos por los decretos legislativos del régimen de excepción, reafirmando que este mecanismo excepcional no puede convertirse en parte de su política de seguridad ciudadana permanente”, indica una de las 22 recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe de la CIDH se hizo público en el marco de la trigésima prórroga aprobada por la Asamblea Legislativa, en la décima octava sesión plenaria de la actual legislatura que domina la bancada del partido oficialista Nuevas Ideas (NI).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió su “Informe Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador”, que abordó una serie de temas como: la seguridad ciudadana , el acceso a la justicia, la situación de personas privadas de libertad y la libertad de expresión, periodismo y defensa de los derechos humanos, entre otros.
Ante las denuncias de organizaciones sociales y personas individuales sobre detenciones ilegales y arbitrarias que apuntan a una sistematización de acciones por parte de las fuerzas de seguridad, es que ha respondido la CIDH.
La CIDH apremió al Estado salvadoreño a “identificar las circunstancias que generaron este cuadro de presuntas violaciones”, y deducir las posibles responsabilidades institucionales e individuales.
La CIDH, además, pide la reparación a las víctimas por los daños sufridos mediante acciones “integrales” y adoptando medidas de manera inmediata que garanticen la no repetición.
La CIDH analizó el régimen de excepción decretado en marzo de 2022 en El Salvador, así como sus efectos en los derechos humanos. El régimen fue aprobado por decreto legislativo, luego de una ola de violencia que culminó con al menos 92 muertos de salvadoreños entre el 24 y 27 de marzo de 2022.
La CIDH reconoció que las estructuras de las “maras y pandillas” son un “grave problema” que ha venido afectando a la población salvadoreña, con acciones delictivas que los llevaron a ejercer un “profundo control e influencia en diversos territorios”, quienes aplicaban altos niveles de violencia que impactan como el Crimen Organizado.
La CIDH tomó nota de la información disponible sobre los actuales e inéditos índices de mejora en la seguridad ciudadana en el país reportados por el Estado que demostrarían que no existe una situación de emergencia que justifique mantener vigente la suspensión de derechos y garantías conforme las exigencias de la Convención Americana, afirmó.
“De conformidad con los estándares interamericanos, este mecanismo consiste en una medida excepcional que debe ser necesaria, razonable y proporcional al contexto de la emergencia. Advirtiendo que las garantías judiciales indispensables no pueden ser suspendidas bajo ninguna circunstancia”, CIDH.
La CIDH abordó las “medidas adicionales” , referidas por el Estado salvadoreño en materia de seguridad ciudadana, para enfrentar a estos grupos delictivos a escala nacional , calificados como “organizaciones terroristas” , entre los que mencionó: prevención de violencia, mitigación de riesgos y daños a grupos vulnerables y rehabilitación del tejido social comunitario.
No obstante, la CIDH, dejó entrever que el Estado de El Salvador, enfrenta “desafíos” en materia de participación social y rendición de cuentas sobre la política de seguridad ciudadana que está aplicando.
“La Comisión destaca la obligación del Estado de investigar los delitos que consisten en violaciones a los derechos humanos, buscando efectivamente la verdad sobre lo sucedido, y a juzgar y sancionar a sus responsables; subrayando la relevancia de las instancias de administración de justicia para asegurar los derechos de las víctimas” , expresó.
“También recomienda el desarrollo de la institucionalidad adecuada para brindar la debida atención a las víctimas de delitos como un pilar de sus acciones en materia de seguridad ciudadana”, agrega.
En cuanto al régimen de excepción y las reformas legislativas en materia penal y procesal penal, la CIDH consideró que existen “aspectos de preocupación relacionados a derechos humanos”, porque han priorizado un “modelo fuertemente punitivo” (sancionador) , para abordar los desafío en materia de seguridad ciudadana y advierte los riesgos a los derechos humanos en la aplicación de tales normativas.
Adicionalmente, destacó otros aspectos que son “contrarios al marco jurídico interamericano” y los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como la aplicación obligatoria de la prisión preventiva a ciertos delitos, la reserva de identidad sobre los operadores de justicia en el marco de procesos penales. Y aplicar la extensión de prisión a menores de 18 años, cuando es propio del régimen de adultos.
Detenciones y violaciones a derechos humanos
Retomando la información que dispone del país, la CIDH señaló que se han registrado 73 mil personas detenidas entre el 27 de marzo de 2022 al inicio de noviembre de 2023. De los cuales, en su mayoría tuvo la prisión preventiva decretada. La CIDH reporta que realizó también una serie de entrevistas a personas víctimas de estas acciones y conoció denuncias de violaciones a derechos humanos que fueron perpetradas por fuerzas de seguridad.
Por lo que el organismo interamericano consideró que hubo detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas, así como allanamientos indebidos de viviendas, abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad.
“Hay desafíos específicos en el acceso a la justicia frente a las detenciones realizadas y sus implicaciones en la garantía de los derechos de las personas salvadoreñas a las garantías judiciales y protección judicial que incluye la demora en el control judicial de las detenciones, la ineficacia del recurso de habeas corpus y falta de elementos probatorios para apoyar los cargos imputadosl”, indicó.
“Además, al abordar las condiciones inhumandas, malos tratos y tortura denunciados por organizaciones de la sociedad civil y personas entrevistadas, apunta a la posible muerte de 189 a 200 personas privadas de libertad, -sin que existan cifras unánimes-, de estos casos, así como los procedimientos de notificación de familaires y manejo de los cuerpos”, CIDH.
Libertad de Expresión y Periodismo
En materia de libertad de expresión y periodismo, la CIDH, junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, resaltó la “función esencial” de estos derechos en los contextos de excepción, con el fin de preservar “valores y el funcionamiento del sistema democrático”, que consideran las reformas legislativas han limitado estas libertades.
“Las restricciones al derecho de acceso a la información a partir de los obstáculos diversos, incluyendo el presunto aumento en el número de reservas sobre información pública por las instituciones del Estado, sin dar cumplimiento a las normas y estándares internacionales. Y también, la ausencia de información disponible, periódica y desagregada”, indicó.
“La negativa de acceso frente a solicitudes de información sobre las medidas adoptadas en el contexto de excepción. Asimismo, se presentan desafíos para la cobertura periodística y de defensa de los derechos humanos que incluyen relatos de un ambiente hostil para ejercer dichas labores”, CIDH.
En sus conclusiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remarcó que existe “un falso dilema” entre la adopción de acciones efectivas para enfrentar la criminalidad organizada y la observancia de las obligaciones legales e internacionales del Estado salvadoreño en materia de derechos humanos.
Y recuerda al Estado salvadoreño que debe abordar las “causas y consecuencias de la criminalidad” desde una perspectiva integral e intersectorial y a la vez, adopte medidas de prevención, control y respuesta dentro de los límites y procedimientos que garanticen el respeto a los derechos humanos, que mencionan entre sus recomendaciones.
Además, pide “Poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción. Elaborar e implementar una política pública de seguridad integral y multisectorial sobre las causas y consecuencias de la cirminalidad”.
Ademá, le pide “Elaborar un registro que individualice las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetrados en el marco de las detenciones y persecución penal iniciada por el régimen de excepción, asegurando la participación de víctimas y sociedad civil en todo el proceso”.
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