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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un comunicado oficial, pidió al Estado de México, a un mes del incendio en la estancia migratoria, la “urgencia” de establecer las responsabilidades de los involucrados y asegurar medidas de “no repetición” en este tipo de situaciones.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta la muerte de 40 personas migrantes y las lesiones provocadas a otras 27 como consecuencia de un incendio en la Estancia Provisional Tipo “B” del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023”, señala.
“A un mes de los hechos señalados, la CIDH reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias, y urge al Estado a actuar con debida diligencia para investigar, sancionar a responsables, reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos”, agregó la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato emana de la Carta de la OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos. La CIDH tiene en su mandato promover el respeto y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa también como órgano consultivo de la OEA en esta materia.
El incendio ocurrido en la noche del lunes 27 de marzo del presente año, según las investigaciones de autoridades mexicanas, comenzó cuando un migrante prendió fuego a un colchón en protesta a las condiciones de hacinamiento y la amenaza de deportación en el Centro de Detención de Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, al norte de México, fronterizo con Estados Unidos.
Entre los migrantes que se encontraban retenidos en esa fecha estaban: 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 venezolanos, 1 ecuatoriano y 1 colombiano. Tras el incendio que se salió de control ante la falta de atención inmediata resultaron 40 víctimas mortales y 28 personas lesionadas de gravedad. En el incendio 7 salvadoreños perdieron la vida, entre ellos tres de Chalatenango, los que fueron repatriados posteriormente.
En un estudio presentado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Banco Central de Reserva, señala que al menos 1,4 millones de salvadoreños residen en Estados Unidos y de estos la mitad se encuentra en una situación migratoria irregular.
Y aunque el gobierno salvadoreño ha reiterado que el país ha dejado de ser expulsor de población, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador ha dicho que al menos un 65% de salvadoreños migran a Estados Unidos, ilegalmente por razones económicas.
En cuanto al incendio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que de acuerdo al vídeo que circulo en redes sociales muestra que los guardias de la empresa de seguridad privada “CAMSA, S.A de C.V.” que se encontraban a cargo de la seguridad no “prestaron el auxilio luego de iniciado”, lo que consideró un hecho que se enmarca en un “contexto generalizado” de violaciones a derechos humanos.
“La Comisión condena la pérdida de vidas de personas migrantes en custodia del Estado mexicano. Al mismo tiempo, toma nota de las acciones adoptadas por éste, entre las que destacan: la suspensión definitiva de las actividades en la estancia provisional; la entrega de tarjeta de visitante por razones humanitarias que garantiza atención hospitalaria a los lesionados; las investigaciones iniciadas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, y el proceso implementado para reparar a las víctimas de las familias”, indica.
“Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil denunciaron la criminalización de Jaison N. señalado en el proceso penal como presunto autor material por acción de los delitos de homicidio y lesiones dolosos; quien en ese momento se encontraba ejerciendo el derecho a la protesta por la carencia de insumos básicos como agua, papel de baño y alimentación”, acotó la CIDH.
Las organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles “riesgos en la recolección de evidencias”, la entrega de cuerpos de las personas fallecidas y las limitaciones de las familias sobrevivientes para participar en la investigación.
La CIDH en su comunicado recordó a todos los gobiernos los “Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas”.
Los Estados deben asegurar un proceso respetuoso de identificación, investigación y traslado de los restos mortales de personas migrantes y permitir a sus familiares realizar sus ritos fúnebres adecuadamente, consultándoles antes de cualquier acción que altere sus restos y garantizar el financiamiento para su traslado.
“Al tratarse de un suceso en el que múltiples personas migrantes perdieron la vida, la CIDH urge al Estado aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiables y efectiva la identificación de las personas fallecidas y la entrega de sus cuerpos a sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos correspondientes”, indica.
“Adicionalmente, las personas migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos que provocaron violaciones a derechos humanos y la identidad de los perpetradores. Esto implica la obligación de esclarecer, investigar, procesar y sancionar a responsables y, según las circunstancias garantiza el acceso de información en poder del Estado”, manifiesta.
