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Editorial ARPAS
Varias organizaciones de sociedad civil presentaron la semana pasada un informe sobre los primeros 100 días de la Sala de lo Constitucional impuesta por la mayoría parlamentaria oficialista el 1o. de mayo de 2021, luego de destituir en forma arbitraria e ilegal a los magistrados electos en noviembre de 2018.
El informe -elaborado por Cristosal, DTJ, DPLF y el IDHUCA- destaca, entre las irregularidades más relevantes, la inconstitucionalidad de la elección de los magistrados impuestos, cuyo nombramiento no siguió el debido proceso y no fue verificado el perfil de idoneidad. La mayoría de éstos, además, con claros vínculos con el oficialismo.
En cuanto a las resoluciones de la Sala impuesta, el informe de las organizaciones señala especialmente la que autoriza la reelección presidencial, aún cuando está prohibida en -al menos- cinco disposiciones constitucionales, entre éstas la que obliga a la alternancia en la presidencia y la que prohíbe al presidente permanecer en el cargo luego de cumplir su período.
El informe titulado “Justicia en pausa: los primeros 100 días de la Sala de lo Constitucional de El Salvador” también cuestiona el envío de varios expedientes de demandas al archivo por parte de los magistrados impuesto, tal como la bancada cian y sus aliados desecharon cientos de propuestas de ley, reformas y decretos al inicio de su gestión parlamentaria.
Las organizaciones afirman que el escenario de inconstitucionalidad con la Sala impuesta se complementa con la reforma de ley que obligó a jubilarse a los jueces mayores de sesenta años y a los que tenían más de 30 años de servicio, para colocar en su lugar a personas obedientes a los designios oficialistas.
A lo señalado por el informe de las organizaciones, puede sumarse el traslado arbitrario de jueces que no resuelven a favor de los intereses bukelistas, como la jueza del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, Margarita Salgado, removida del cargo por no aceptar una demanda de una diputada oficialista contra la analista Jeannette Aguilar.
También se podría agregar la negativa de extraditar a cabecillas de pandillas reclamados por los Estados Unidos. En todas estas decisiones han participado los magistrados de la Sala de lo Constitucional impuesta.
Así, pues, el informe de Cristosal, DTJ y compañía debiera llamarse mejor “Cien días de inconstitucionalidad, injusticia e impunidad al servicio del oficialismo”.
