¿Cien presos sin causa?

José M. Tojeira

La deportación de venezolanos y su respectivo encarcelamiento en El Salvador es un tema complejo y digno de analizar. Pero por el espacio de este artículo nos concentraremos en el análisis de un grupo particular de dichos deportados. La semana pasada salió la noticia de que 101 venezolanos, del grupo de más de 200 deportados desde Estados Unidos y depositados en el CECOT, no tenían vínculos con el “Tren de Aragua”. Eran simplemente migrantes sin papeles a los que Estados Unidos deportaba simplemente por no tener legalizada su presencia en Estados Unidos.

En otras palabras, que no se les conocía delito y no tenían causas pendientes con la justicia norteamericana. Supuestamente, según la información pública existente, a estas personas les correspondería pasar un año en el CECOT, pues ya Estados Unidos ha apalabrado un pago de 20.000 dólares por cada uno de ellos. Trump asegura que hubo un análisis riguroso de la pertenencia a grupo terrorista y Diosdado Cabello afirma que ninguno de los deportados es del “Tren de Aragua”. Ambos, Trump y Diosdado, son mentirosos. Pero es importante reflexionar sobre quienes estén detenidos en el país sin causa legal objetiva.

Recientemente, y hablando en general sobre las cárceles salvadoreñas, el Comisionado de Derechos Humanos gubernamental decía que en nuestras prisiones “no hay ningún tipo de violación de derechos humanos”. Al contrario. Decía que se trata a los detenidos “cumpliendo con protocolos internacionales”. Sería interesante que este señor, que dice defender derechos, aclarara a qué protocolos internacionales se refiere. Pues los convenios de Derechos Humanos existentes no autorizan a tener detenidas durante un año a personas que no tienen ninguna acusación criminal y que están en el país porque otro país los ha expulsado y puesto forzadamente en nuestro país a pesar de no tener vínculos de ningún tipo con nosotros.

Negociar con la cárcel de personas no acusadas de delitos, es decir inocentes, suena a tráfico de personas y a privación indebida de libertad. Incluso los gobierno anteriores al actual, que solían mantener en bartolinas a extranjeros sin papeles localizados en El Salvador, cuando se les reclamó judicialmente el exceso de tiempo que mantenían privados de libertad a un número aproximado de 25 ciudadanos chinos, tuvieron que permitirles salir de su encarcelamiento y residir en un centro religioso mientras conseguían los recursos para salir del país.

Aunque ya el hecho de mantener presos en el país a delincuentes que cometieron crímenes en otro país es una realidad compleja que requiere convenios y legislación, hasta ahora inexistente, mantener detenidos a extranjeros inocentes, solo por el hecho de haber sido expulsados de Estados Unidos, ni tiene sentido, ni tiene respaldo legal. Al contrario, es una injusticia flagrante.

Nuestro Gobierno, en ese sentido, además de legislar y publicar una normativa que autorice cumplir en nuestro territorio condenas de cárcel impuestas en otro país, debe revisar urgentemente la situación de los deportados. Si ni hay delito, ni acusación ni sentencia condenatoria, esas personas deben ser reenviadas a su propio país.

Recientemente el Fondo Monetario Internacional concedió un préstamo importante a El Salvador condicionándolo a una mayor transparencia informativa. El gobierno debe hacer público el acuerdo con Estados Unidos respecto al encarcelamiento de personas condenadas en dicho país. Personas no condenadas ni sometidas a juicio en Estados Unidos, y que no han cometido ningún delito en el país, no pueden legalmente estar detenidas en nuestro país. El artículo 11 de la Constitución, que el Comisionado de DDHH debería leer, prohíbe taxativamente la privación de libertad en el país sin que la persona haya sido previamente “oída y vencida en juicio”.

Ante cualquier acusación la presunción de inocencia, así como también la información “de las razones de su detención” (C. 12) son obligaciones constitucionales. Nuestro Gobierno está obligado a revisar estos casos tanto por la Constitución como por tratados internacionales aceptados que insisten en los mismos derechos. Lástima que la cobardía de nuestro sistema judicial les impida hablar al respecto. Analizar pronto y seriamente la situación de los deportados es una responsabilidad indispensable.