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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Los cierres técnicos de minas, no son efectivos en su totalidad y su impacto es irreversible, explicó la bióloga Sidia Cortez, consultora de la UNES, durante su intervención en el panel “Impactos de los Pasivos Ambientales y Principios Generales en el Cierre Técnico de Minas”.
En el cierre del IV Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), abordó el tema del cierre técnico de minas, ante millones de pobladores que están vulnerados por la contaminación de metales pesados como el cadmio, mercurio y otras sustancias entre estos arsénico y cianuro, que inciden en la salud del ser humano y la afectación irreparable del medio ambiente.
La bióloga, en sus declaraciones, señaló que con el gobierno recién electo se deberá dialogar de inmediato, para buscar coincidencias en una Agenda de Medio Ambiente, que permita acercamientos puntuales en la temática.
“Hay experiencias en Estados Unidos, sobre cierres de minas, consideradas como tecnología avanzada, pero lo importante es que, a pesar de esa tecnología, el cierre no es tan efectivo como se quisiera porque ya lo hemos abordado. El daño en los ecosistemas es irreversible y no se repara con un simple cierre. Esto pasa por hacer una prohibición casi absoluta, que en esos territorios no vivan más personas, porque es como si cayera la bomba atómica, como la lanzada en Hiroshima (Japón, II Guerra Mundial)”, enfatizó.
En cuanto a la Ley de Prohibición de Minería Metálica, en el país, que costó muchos años de lucha social, reconocieron del impacto negativo en proyectos mineros, como en San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, que operaron entre los siglos 17 y 18, y el daño generado, aún permanece.
“Los daños que generan las minas son irreversibles e inciden también en el daño a la salud de la población y su tejido social. Un cierre técnico no es solo echar tierra a un hueco, esto debe ser desde un enfoque de cuenca hidrográfica, ¿Por qué?, porque debemos revisar todo el territorio que ha sido dañado, y en El Salvador, son tres cuencas hidrográficas las que están dañadas por esas minas que operaron y por ser subterráneas. Están todavía abiertas y siguen drenando ácido de minas, como en San Sebastián, que diariamente caen más de dos litros de ácido de minas en un río que casi está desaparecido”, reseñó.
“En Honduras, al no contar con una ley de cierre de minas, tenemos que hay veinte minas abandonadas”, compartió Pedro Landa de ERIC, al señalar que los marcos comerciales para la entrada de inversionistas extranjeros, con proyectos extractivistas, dejan “zonas opacas”, en cuanto al respeto de los derechos humanos de las poblaciones de los territorios y al medio ambiente.
“Esos proyectos están generando drenaje ácido y por tanto contaminación, especialmente por mercurio que utiliza la minería subterránea. Hemos encontrado grandes montañas de mercurio en cauces de agua dulce, que son metales pesados arrastrados como desechos de mina. Valle de Ángeles, es un lugar turístico y en sus contornos una mina que se llama Las Golondrinas, cerrada en 1974, y hasta el día de hoy esa región es la que tiene, proporcionalmente, el mayor número de cáncer de toda la región centroamericana”, acotó.
El marco legal y jurídico de los estados, es la principal debilidad en Centroamérica, argumentó Heizel Torres, Centro Humboldt de Nicaragua, que permite a inversionistas sobrepasar los protocolos de cierre de minas, reducir los impactos negativos en el medio ambiente y garantizar el derecho humano a la salud de las comunidades.
“Nicaragua no tiene un Ley de Cierre del Minas, debido a que las concesiones mineras van de veinte a cuarenta años de vigencia, por tanto, la única experiencia que tenemos es con el cerro Tajo Jabalí Central, que ha sido ejecutado por la empresa B2Gold, que por el mismo vacío legal que existe no se conoce ni su plan de cierre o inicio, esto debilita el marco jurídico”, expresó.
Para Julio González, del Colectivo Madre Selva de Guatemala, consideró que no se debería dejar ingresar proyectos mineros en Centroamérica, por su condición de biodiversidad de especies y sus recursos naturales.
“Este saqueo de los recursos, del subsuelo de los países vulnerables políticamente, es porque los gobiernos son cooptados y el Capital minero, juega un papel importante en la elección de gobiernos y la compra de partidos políticos, a través de financiar las campañas electorales lo que permite a estas empresas a violentar la estructura jurídica en las áreas: ambiental, salud y derechos humanos, pasando por encima por la normativa constitucional de los países centroamericanos”, puntualizó. La experiencia salvadoreña, estuvo a cargo de Vidalina Morales, ADES Santa Marta, que integra ACAFREMIN. Al respecto, expresó que el actuar de estas empresas transnacionales en la región se han caracterizado por el abuso de normativas jurídicas, que incluye la persecución política y judicialización de personas defensoras de medio ambiente, derechos humanos, así como líderes y liderezas.
“Como ACAFREMIN vamos a profundizar el intercambio y análisis de los impactos de las industrias extractivas en la región, así como priorizar la organización ambiental y comunal, frente a la contaminación minera, que persiste por empresas inescrupulosas que abandonan los proyectos, fortaleceremos la comunicación y articulación estratégica entre las comunidades afectadas y organizaciones sociales frente al modelo extractivista”, puntualizó.
