Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Redacción Diario Co Latino
@DiarioCoLatino
La Comisión Internacional de Juristas hizo un llamado al Presidente de la República, Nayib Bukele, así como a la Asamblea Legislativa de El Salvador para que dejen sin efecto las medidas adoptadas que afectan gravemente la independencia del Poder Judicial.
En un comunicado señala que también se debe garantizar su plena independencia, autonomía e imparcialidad.
Según la Comisión Internacional de Juristas se deben adoptar medidas urgentes ante los ataques contra la independencia de fiscales y jueces en El Salvador.
La CIJ señala que es necesario que la comunidad internacional y en especial los órganos de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas adopten, con base en los instrumentos internacionales vigentes, las acciones necesarias para proteger la independencia de los fiscales, jueces y tribunales en El Salvador.
La CIJ afirma que se debe garantizar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en El Salvador.
Para los juristas, la independencia del poder judicial es uno de los elementos esenciales de la democracia y el Estado de derecho, conforme a la Carta Democrática Interamericana, y es esencial para el disfrute de los derechos humanos y conlleva las obligaciones de respeto y garantía por parte de los Estados conforme a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele logró en 2021, que tanto el partido que fundó como otros afines al oficialismo obtuvieran un masivo apoyo electoral, obteniendo así el control del Poder Legislativo (mayoría absoluta). Y con esto buscó la concentración y control de todos los demás poderes.
Ordenó la destitución de los magistrados de la «Sala del Constitucional», del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República, sin haberles sido garantizado un debido proceso legal y tras amenazas formalizaron sus “renuncias”.
Luego eligen a magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal, todos de la tendencia política del presidente. En su primera resolución, la Sala de lo Constitucional abrió la posibilidad de la reelección inmediata del Bukele.
Y después, la reforma de la carrera judicial que incluyó la destitución de los jueces con 60 años de edad y 30 años de carrera, mostrando desprecio por la experiencia y el conocimiento de estos, señala.
Esta reforma aprobada por la Asamblea Legislativa consumó el cese de un tercio de los jueces del sistema judicial salvadoreño y el nombramiento de otros señalados de estar vinculados al oficialismo o seleccionados sin respeto a requisitos preexistentes de la carrera judicial.
La ola de control que se apodera del Poder Judicial, permitirá instaurar y consolidar un sistema autoritario, con efectos adversos para los derechos humanos y el Estado de derecho.
En ese sentido, preocupa que se haya comenzado incluso a destituir otros jueces independientes, como en el caso del magistrado Jorge Guzmán, quien terminó renunciando en virtud de las amenazas del Presidente y de la Asamblea Legislativa contra la independencia el Poder Judicial.
Guzmán estaba a cargo de la investigación de la masacre de El Mozote, ocurrida hace casi cuarenta años, durante la Guerra Civil (1980-1992), y fue objeto de una sentencia condenatoria al Estado salvadoreño por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 25 de octubre de 2012.
Se teme que estos ataques contra la independencia de la justicia en El Salvador además tengan consecuencias adicionales, incluida la falta de control de las acciones del Poder Ejecutivo, los juicios por conveniencia o corrupción, sin transparencia.
