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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Un total de 824 denuncias por desaparición registró la Fiscalía General de la República (FGR) en el primer semestre de 2020. El promedio diario es de cinco.
El informe de la FGR fue dado a conocer en una actividad en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, conmemorado cada 30 de agosto.
De acuerdo a los registros de la fiscalía, 467 casos de personas desaparecidas, equivalentes al 57 % del total, han sido encontradas. El restante 43 %, 357 personas, no fueron localizadas.
En 430 casos de personas desaparecidas estas fueron encontradas con vida, en el 72 % de estas (308 personas) no hay delitos a perseguir ya que se trata de “ausencias voluntarias” motivadas en su mayoría por razones familiares, económicas o criminales. En el 28 % restante (122 personas) la FGR determinó que sus desapariciones tienen su causa en delitos como privación de libertad, daños, lesiones o delitos sexuales.
Fueron 37 personas con reporte de desaparición que fueron localizadas fallecidas, según detalla la FGR; en once casos no hay indicios de delitos tratándose estos de casos de muerte natural o accidental; el Ministerio Público señala que hay 22 casos de homicidio y cuatro feminicidios.
Febrero fue el mes con mayor número de denuncias por desapariciones con 196, de las que 111 personas fueron ubicadas.
El grupo de edad más afectado por el delito de desaparición forzada de personas es el comprendido entre 18 y 30 años, seguido del de 12 a 17 años. San Salvador y la zona central es el área con mayor incidencia de desapariciones, con 507 casos.
Los datos fueron divulgados en el lanzamiento del proyecto “Fortalecimiento a la Implementación de Herramientas de Gestión de Casos de Desapariciones y Tortura de Mujeres, Hombres y Jóvenes, vinculados al Crimen Organizado en El Salvador”, apoyado por la Embajada de Canadá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Este será el segundo proyecto orientado a fortalecer la capacidad del Estado salvadoreño frente al delito de desaparición forzada de personas por el crimen organizado, se prevé que se ejecute entre 2020 y 2023 con un financiamiento de $851,000 proporcionados por el gobierno de Canadá.
