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Lima / AFP
Cinco expresidentes de Perú enfrentan causas judiciales, entre ellos Pedro Pablo Kuczynski, quien pasó su primera noche preso un año después de renunciar salpicado por el megaescándalo de la constructora brasileña Odebrecht.
Con Kuczynski, son dos los exmandatarios peruanos presos, después de que en enero pasado Alberto Fujimori fuera devuelto a la cárcel a terminar de cumplir una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad durante su gobierno (1990-2000).
Los otros tres expresidentes que encaran investigaciones judiciales que pueden llevarlos a prisión son Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Los cinco son todos los exmandatarios vivos que gobernaron Perú tras el fin del régimen militar en 1980. Cuatro están salpicados por el escándalo de las dádivas de Odebrecht a políticos y Fujimori, por violaciones de los derechos humanos y corrupción.
García, Humala y Kuczynski (que fue detenido el miércoles) tienen prohibición de salida del país, mientras que Toledo escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición.
La brasileña Odebrecht admitió ante la justicia estadounidense que pagó 29 millones de dólares en sobornos durante tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.
En diciembre pasado, la constructora firmó un acuerdo de cooperación por el cual accedió a pagar una multa al Estado peruano y a entregar testimonios que pueden comprometer todavía más a los cuatro expresidentes y a otros políticos y funcionarios peruanos.
Humala y su esposa Nadine estuvieron nueve meses en prisión preventiva por el caso Odebrecht.
Fujimori estuvo un año libre, luego que Kuczynski lo indultara en la Navidad de 2017, pero volvió a prisión en enero después de que la justicia peruana anulara el perdón presidencial por cuestiones de forma.
Aunque el expresidente de ancestros japoneses no está involucrado en el caso Odebrecht, sí lo está su primogénita, la líder opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión desde el 31 de octubre acusada de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña para la campaña en 2011.
En noviembre de 2018, García solicitó asilo en la embajada uruguaya, alegando ser víctima de una persecución política después de que la justicia peruana le prohibiera salir del país, pero Montevideo rechazó su pedido.
