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Amnistía Internacional ha acusado al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de desplegar al Ejército para «reprimir» las manifestaciones en contra de su Gobierno.
Al menos cinco personas han muerto y casi 80 han resultado heridas desde que estallaron las protestas en contra de las reformas de ley a los sistemas educativo y de salud, el pasado 25 de abril, informa la organización de derechos humanos en un artículo publicado en su sitio de internet.
«El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades ha violado el derecho internacional, pero sigue impune», señala Amnistía Internacional.
La organización no gubernamental añade que el uso de las fuerzas de seguridad en Honduras contra la población civil se recrudeció luego de que documentos oficiales mostraran que la campaña del presidente Hernández fue financiada por el crimen organizado.
«Esto significa que prácticamente nada disuade a las fuerzas de seguridad de cometer más delitos a medida que las protestas siguen cobrando intensidad tras denunciarse en un documento judicial de Estados Unidos que la campaña presidencial de Hernández de 2013 fue financiada en parte por narcotraficantes», agrega.
– El joven que murió a manos del Ejército –
Amnistía Internacional refiere el caso de los familiares de Eblin Noel Corea Maradiaga, un joven de 17 años de edad que fue asesinado por las fuerzas de seguridad durante las protestas en Honduras en la localidad de Yarumela, en la Paz, donde horas antes había tenido lugar un bloqueo carretero como parte de las protestas, el pasado 19 de junio.
De acuerdo con algunos testimonios, un convoy del Ejército llegó al lugar y disparó contra los civiles. A pesar de que Eblin y su padre iban desarmados e intentaban refugiarse en un callejón, los testigos refieren que un oficial del Ejército tomó posición, apuntó y disparó contra el adolescente, que cayó en los brazos de su padre tras recibir un disparo en el pecho.
La familia del joven estuvo 41 días vigilando su tumba para evitar que autoridades retiraran la bala incrustada en el pecho del joven, con el fin de evitar que el crimen contra Eblin quede impune y se pueda probar que fue asesinado por el Ejército hondureño.
«Los vigilamos día y noche. Tenemos miedo de que entren y roben la bala, y quieran esconder su crimen», dijo Erika Maradiaga, madre de Eblin.
La organización de derechos humanos hizo un llamado al presidente Hernández para poner fin por completo y de inmediato a la represión estatal, cumplir las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
«El sistema de Justicia hondureño ha demostrado una vez más que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas continúan sin ser debidamente investigadas, ni aquellos sospechosos de responsabilidad penal son llevados ante la Justicia. Los hechos de estas últimas semanas dejan al descubierto como la impunidad es una constante que promueve la repetición de graves violaciones», dijo en junio pasado, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
