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Por Leonel Herrera*
El proceso electoral de 2024 culminó el pasado domingo 3 de marzo con los comicios para alcaldes y concejos municipales, con unos resultados que -para el oficialismo- representan más pena que gloria, por las razones que valoro a continuación.
En primer lugar, triunfó el ausentismo. Apenas el 30% de los electores acudió a las urnas, lo cual reduce significativamente la legitimidad y representatividad de los alcaldes y concejales que resultaron electos. Incluso, en San Salvador Centro y otros municipios la participación rondó el 27% de los empadronados.
Más allá de las causas del ausentismo y las distintas interpretaciones políticas, lo cierto es que nada será legal ni legítimo después de mayo y junio próximos: presidente y vicepresidente reelectos inconstitucionalmente, diputados electos con fraude y autoridades municipales surgidas de la votación menos participativa en la historia del país.
En segundo lugar, el resultado ampliamente favorable para Nuevas Ideas demuestra que la reducción de los municipios fue para evitar la derrota oficialista y cerrarle posibilidades a los partidos de oposición. Está claro que -por ejemplo- el FMLN habría obtenido varias alcaldías en Chalatenango, Morazán y otros departamentos si la cantidad de municipalidades se hubiera mantenido.
Así se confirma que la reorganización municipal realizada por el gobierno de Nayib Bukele no respondió a ningún criterio técnico, sino a un objetivo meramente electoral. Como lo fue también la reducción de la cantidad de diputaciones.
En tercer lugar, asistimos al fin de la autonomía municipal, la promoción del desarrollo local y la participación ciudadana. Las alcaldías, controladas casi todas por el partido de gobierno y sus aliados, serán sucursales del gobierno central. Durante la campaña, uno de los alcaldes electos adelantó que las comunas podrían funcionar como “empresas que presten servicios al Estado”.
Con más población y territorios que atender, sin presupuesto y con una Dirección de Obras Municipales (DOM) concentrando los proyectos, las comunidades verán aún más alejadas sus posibilidades de desarrollo y bienestar.
En cuarto lugar, los expertos en municipalismo y desarrollo local prevén un caos relacionado con la homologación de ordenanzas, cobros de tasas, pago de deudas y otras tareas inmediatas en enfrentarán los alcaldes electos.
Esta crisis podría ser aún más grave si afloran diferencias culturales, sociales, históricas e identitarias entre la población de los municipios (ahora distritos). Por ejemplo, ya es evidente el malestar en muchos lugares donde resultó electo un alcalde foráneo y el sentido de cercanía con las nuevas autoridades no existirá.
Y en quinto lugar, es evidente la necesidad de una verdadera reorganización municipal que tenga como criterios la planificación del desarrollo local, el uso adecuado del territorio, la eficiencia administrativa y la participación de la gente.
Ojalá que la crisis y el caos que vendrán provoque una reacción de la población. Sólo así se podría revertir la locura y la improvisación de un gobierno que no actúa con base a obligaciones del Estado y las necesidades, demandas y derechos de la gente, sino en función de mezquinos cálculos políticos y ambiciones de poder.
*Periodista y activista social.
