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Por Leonel Herrera*
No me sorprende que el gobierno de Estados Unidos, guiado por su cuestionable pragmatismo político, reconozca el triunfo de Nayib Bukele en las elecciones del pasado 4 de febrero; ni que la pareja dictatorial nicagüense Ortega-Murillo, en su afinidad autoritaria, también salude al “hermano presidente salvadoreño”; ni que lo hagan gobernantes derechistas como el paraguayo Santiago Peña; ni siquiera que lo hiciera la despistada presidenta hondureña, cuya familia (esposo e hijos) expresa una fuerte simpatía por el bukelismo.
Sí llamó mi atención que lo hiciera la cancillería mexicana; y me sorprendió aún más el nuevo presidente guatemalteco Bernardo Arévalo. El primero por la histórica solidaridad de México con las luchas democráticas del pueblo salvadoreño y el carácter “progresista” del gobierno de López Obrador; y el segundo porque resulta irónico que Arévalo se apresurara a reconocer a un gobernante autoritario que practica las mismas mañas de las antidemocráticas y corruptas élites guatemaltecas que intentaron evitar su llegada a la presidencia. Es paradójico que quien rescató la democracia en Guatemala avale a quien la ha destruído en El Salvador.
A ellos -y a otros gobernantes y políticos democráticos que cayeron en la trampa de quien se declaró ganador sin siquiera haber resultados preliminares oficiales- expongo estos cinco hechos o realidades que, en mi opinión, son verdades indiscutibles sobre las recientes elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador.
Verdad No. 1: El presidente Nayib Bukele tiene un alto respaldo popular. Todas las encuestas confirman que el actual mandatario salvadoreño goza de altos niveles de popularidad que no bajan del 80%, como ningún otro gobernante en la historia nacional.
Esto se debe fundamentalmente a tres razones. En primer lugar, a una muy eficiente estrategia propagandística que se basa en el uso permanente del neuromarketing político en la comunicación gubernamental; la difusión de una narrativa populista, mesiánica, polarizante, de post verdad y con el presidente como vocero único; la utilización de un gigantesco aparataje mediático y digital; la aplicación rigurosa de los manuales de comunicación y la escucha permanente de las emociones de la gente.
Esta estrategia ha provocado la “desciudadanización” de la población que ya no se asume como ciudadanía crítica y sujeta de derechos, sino como seguidores, fans o feligreses. Estas personas, vaciadas de su perspectiva cívica, no ven a Bukele como un funcionario obligado a respetar las leyes, cumplir sus promesas, rendir cuentas y resolver los problemas del país, sino como una celebridad, un superhéroe o un semidios.
En segundo lugar, se debe al descrédito de los partidos de oposición causado por su mal desempeño cuando fueron gobierno y debido al desgaste provocado por la descalificación constante de la narrativa oficial. Esto ha logrado que ARENA y el FMLN, las dos fuerzas políticas de derecha y de izquierda que gobernaron en las últimas tres décadas, estén totalmente estigmatizados en el imaginario social y sean rechazados hasta por la mayoría de sus antiguos votantes.
A lo anterior se suma que la población no ve como alternativas a partidos nuevos y pequeños como Nuestro Tiempo (centroizquierda) y VAMOS (centro derecha). Por tanto, ante la amenaza de “volver al pasado” y la ausencia de otras opciones, la población se mantiene con Bukele aun cuando esté en desacuerdo con algunas de sus acciones u omisiones.
Y, en tercer lugar, la mejora en la situación de seguridad pública, gracias a la contención y “desarticulación” de las pandillas, que es valorada positivamente por la gente. La población, que por muchos años vivió sometida al control territorial de las maras, se lo agradece a Bukele, a pesar de las graves violaciones de derechos humanos, abusos contra personas inocentes, negociaciones gubernamentales con los jefes pandilleriles y otras irregularidades reveladas por El Faro y otros medios investigativos.
Todas las encuestas muestran una alta percepción de seguridad y ubican el combate gubernamental contra las pandillas como la principal razón del enorme apoyo popular al presidente y a su partido Nuevas Ideas. Esto, más la efectividad de la propaganda, el desprestigio opositor y la carencia de otras opciones políticas, explica el mayoritario respaldo a Bukele y su gobierno.
Verdad No. 2: Su candidatura a la reelección consecutiva es inconstitucional. Varios artículos de la Constitución de la República prohíben expresamente la reelección presidencial contínua.
El Artículo 75 suspende los derechos ciudadanos a quienes promuevan la reelección presidencial continua; el Artículo 88 obliga a la alternancia en el ejercicio de la Presidencia de la República; el Artículo 131 manda a la Asamblea Legislativa a destituir al Presidente si éste permanece en el cargo después de haber terminado su mandato; el Artículo 152 prohíbe al Presidente ser candidato presidencial; y el Artículo 154 limita el período presidencial a cinco años y establece que el Presidente “no puede quedarse ni un días más”.
A estos artículos se suman otros que indirectamente también prohíben la reelección presidencial: el célebre Artículo 87 que reconoce el derecho del pueblo a la insurrección cuando haya sido alterado el orden constitucional; el Artículo 235 obliga a los funcionarios públicos a cumplir su juramento de respetar la Constitución; y el Artículo 248 que prohíbe reformar las disposiciones constitucionales referidas a la forma de gobierno, al territorio de la República y a la alternancia en el ejercicio de la Presidencia.
Además, con la aprobación de la “licencia” a Bukele para ausentarse del cargo y el nombramiento de su secretaria privada como designada presidencial violentaron los artículos 153, 156 y 168, referidos a la “irrenunciabilidad del Presidente de la República” y la elección de los designados presidenciales.
En total, la candidatura de Bukele para un segundo período transgredió al menos una docena de artículos de la Constitución. Ninguna constitución en el mundo hace tanto énfasis en una prohibición, como la carta magna salvadoreña con respecto a la reelección presidencial. Además, se violó el Código Electoral y otras leyes nacionales. El propio Bukele, antes de ser presidente, admitía que la reelección contínua no está permitida en El Salvador.
Bukele ha justificado su candidatura con el alto respaldo popular, a pesar de que la popularidad no es requisito legal para la continuidad de ningún funcionario y menos para el presidente. También se lavó las manos diciendo que el pueblo como soberano iba a decidir si él seguía o no en la presidencia, aun cuando el pueblo también está obligado a respetar la Constitución y a ejercer su soberanía con los límites que ésta establece.
Verdad No. 3. Bukele ganó abrumadoramente las elecciones. Sobre esto no hay mucho que decir, pues era imposible que algún candidato opositor ganara; ni siquiera era probable provocar una segunda vuelta, ya que todas las proyecciones de las universidades y otras casas encuestadoras apuntaban hacia un triunfo arrasador del presidente en primera vuelta. Incluso, me atrevo a decir que Bukele pudo haber ganado con el 85% que sugerían algunos sondeos (y con el cual él mismo dice que ha ganado), sin necesidad de hacer más fraude.
Verdad No. 4: Las elecciones fueron fraudulentas. Además de la inconstitucional candidatura presidencial, el proceso tuvo otros aspectos fraudulentos que convirtieron a estas elecciones en las menos justas, menos libres y menos transparentes que El Salvador ha tenido en su historia democrática.
El fraude empezó el 1o. de mayo de 2021 cuando el oficialismo destituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala Constitucional y en su lugar nombró a personeros de Casa Presidencial, quienes cuatro meses después emitieron un fallo absolutorio a favor de una persona acusada de promover la reelección presidencial y ahí abrió las puertas a la postulación inconstitucional de Bukele.
El proceso fraudulento continuó en octubre de 2023 con la aprobación e inscripción ilegal de la candidatura del presidente por la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La revista digital Gato Encerrado publicó que en septiembre de 2021 Javier Argueta, asesor jurídico de Casa Presidencial, convocó a los magistrados del TSE para conminarlos a acatar la resolución de la Sala impuesta y en enero de 2023 el oficialismo aprobó una reforma para castigar con penas de 20 años de cárcel a quienes “obstaculicen la inscripción de candidaturas en elecciones”.
Previo a la inscripción de las candidaturas presidenciales, Julio Olivo Granadino, único magistrado disidente del TSE, declaró en entrevista del canal TVX que los demás magistrados tenían miedo a posibles represalias si no avalaban la candidatura inconstitucional de Bukele.
Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa se derogó la prohibición de hacer reformas electorales un año antes de las elecciones y se aprobaron varias reformas para remarcar la cancha electoral a la medida de los intereses del oficialismo. Una muy relevante fue la reducción del número de diputaciones y el cambio de fórmula para asignarlas, con el objetivo de eliminar posibilidades a los partidos de oposición y asegurar la hegemonía de Nuevas Ideas. Esta reforma resultó vital para mantener la super mayoría que permite a Bukele hacer lo que quiera.
La Asamblea también redujo de 262 a 44 el número de alcaldías, en la mayoría de las cuales el oficialismo temía perder las elecciones; acordó implementar el voto electrónico, sin ningún mecanismo de seguridad, control y transparencia; decidió concentrar los votos del exterior (mayoritariamente bukelista) en San Salvador, departamento que tiene la mayor cantidad de diputaciones; y autorizó el voto de más de 600 mil personas con DUI vencidos.
Para agigantar lo fraudulento del proceso electoral, el gobierno saboteó a los partidos opositores negándoles ilegalmente los fondos de la deuda política para que pudieran financiar su campaña; utilizó millonarios recursos públicos para la campaña oficialista, incluyendo la entrega de paquetes alimenticios una semana antes de los comicios y pauta de mensajes electorales en medios de comunicación y redes sociales desvergonzadamente firmado como “Gobierno de El Salvador”; y Bukele arreció su campaña de miedo, amenazando con que si ganaba la oposición o Nuevas Ideas no obtenía mayoría de diputados las pandillas volverían a las comunidades donde antes delinquían.
Y así llegamos el 4 de febrero a las elecciones plagadas de anomalías que agrandaron el fraude iniciado tres años atrás. Lo más grave es que las elecciones y la campaña se realizaron bajo el “régimen de excepción”, el estado permanente de suspensión de garantías constitucionales vigente desde marzo de 2022 con el pretexto de combatir a las pandillas. Ninguna elección después de la guerra civil se había hecho en estas condiciones.
Luego la gravísima irresponsabilidad del presidente Bukele de declararse ganador antes de que hubiera siquiera resultados preliminares. Poco después del cierre de las urnas, el candidato inconstitucional escribió en sus redes sociales que había ganado con el 85% de los votos y su partido había logrado -como mínimo- 58 de las 60 diputaciones, y convocó a celebrar su triunfo frente al Palacio Nacional.
Nelson Rauda, periodista de El Faro, escribió que “Bukele ya tiene los resultados, solo falta que el TSE cuente los votos”. Otro periodista escribió que el mensaje de Bukele al TSE fue: “¡He ganado con el 85% y quiero 58 diputados!”. Es posible que la intención del presidente era adelantar su resultado deseado para que el TSE lo oficializara.
Antes de eso CID Gallup, la encuestadora oficial del gobierno, había publicado una supuesta encuesta a boca de urna con los mismos resultados mencionados por Bukele. El presidente y la encuestadora violaron el artículo 176 del Código Electoral que prohíbe difundir sondeos de opinión dos semanas antes de las elecciones y proyecciones de resultados antes de los datos preliminares del TSE. Bukele también cometió fraude cuando violó el silencio electoral e hizo campaña después de emitir su voto.
Luego vino la acción de antología: la caída del sistema de registro y transmisión de resultados, probablemente cuando personeros de Nuevas Idea apartaron al TSE y tomaron el control del proceso. Curiosamente después empezó la divulgación de datos que no cuadran, sobre todo porque la cantidad de votos asignados a Nuevas Ideas superaría al numero de electores registrados en el padrón electoral. Al momento de escribir este texto se denuncia hallazgos de papeletas de votación, pérdida de actas del escrutinio, rupturas en la cadena de custodia de los paquetes electorales y otras irregularidades que ameritan declarar nulos los comicios.
A todo esto se suma la injerencia de funcionarios públicos y manoseo de Nueva Ideas en juntas receptoras de votos; propaganda oficialista en los centros de votación e inducción al voto; las restricciones a la labor periodística y la detención arbitraria del poeta y escritor salvadoreño-canadiense Carlos Bucio Borja por leer en un centro de votación artículos de la Constitución que prohíben la reelección presidencial.
Verdad No. 5: El Salvador inicia una nueva dictadura. El deterioro democrático del país inició cuando Bukele asumió la presidencia y se apartó de la retórica democrática de su campaña electoral, se quitó la máscara y mostró sus garras autoritarias. Sin embargo, la situación se agravó en mayo de 2021 cuando el oficialismo obtuvo el control de la Asamblea Legislativa y se apoderó de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General, la PDDH, la Corte de Cuentas y demás instancias estatales.
Así desapareció la separación de poderes y la poca independencia judicial que había. Mientras tanto, se profundizó la militarización; se instauró el estado de excepción que Bukele dice continuará en su segundo mandato; se agravó la falta de transparencia y la corrupción; y se aumentó la persecución a la prensa crítica.
Y ahora que se consuma la reelección inconstitucional de Bukele se cierra el período democrático iniciado tras la firma de los Acuerdos de Pazde 1992; y cuando tome posesión el 1o. de junio próximo el país iniciará formalmente una dictadura. En los siguientes tres meses el oficialismo terminará de adecuar los marcos legales del país a la nueva dictadura, incluyendo modificar la Constitución.
Entre las reformas que aprobará la legislatura saliente y ratificará la nueva gestión paralmentaria probablemente esté eliminar la prohibición de la reelección presidencial, otorgar “superpoderes” al presidente, establecer un rol políticamente beligerante a la Fuerza Armada y eliminar instituciones creadas por los Acuerdos de Paz como la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
En resumen: El presidente Bukele tiene un muy alto respaldo popular, pero su candidatura es inconstitucional; ganó las elecciones; sin embargo, hizo fraude innecesariamente. Y con su triunfo electoral, en el país se termina la democracia y se abre una nueva fase autoritaria y dictatorial.
Ojalá que -como ha pedido la plataforma ciudadana SUMAR- las comisiones de observación electoral, los gobiernos democráticos del mundo y toda la comunidad internacional se abstengan de reconocer la reelección inconstitucional y el triunfo fraudulento de Bukele, pues eso significa avalar el fin de la democracia y la instauración de una nueva dictadura en El Salvador.
*Periodista y activista social.
