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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Leslie Schuld, directora del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), compartió la propuesta de su organización para dar respuesta a las personas inocentes que fueron capturadas por autoridades policiales y militares en el marco del régimen de excepción.
El CIS ha llevado de cerca el caso de la captura colectiva de 22 pescadores artesanales, curileros y lancheros que transportan turistas, habitantes y productos del comercio en la Isla Espíritu Santo, que se encuentra en la Bahía de Jiquilisco, del ahora distrito de Puerto El Triunfo, Usulután.
El CIS, que ha acompañando a los familiares da cuenta que la mayoría de estas personas capturadas se dieron en los primeros meses de la aplicación del Régimen de Excepción, es decir, entre mayo a julio de 2022, y los últimos en 2023, cuyos familiares acudieron por ayuda al Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) y al Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
El CIS ha venido trabajando con un programa de becas para la formación académica de jóvenes en las comunidades de escasos recursos de la Isla Espíritu Santo, y otras programas que en prevención de la violencia. Sus familiares continúan denunciando este atropello a los derechos humanos de los habitantes porque en ningún momento de existencia de la comunidad se ha dado el fenómeno de grupos pandilleriles en su territorio.
“Entre nuestras conclusiones están que se deben adoptar medidas inmediatas para abordar el alto número de personas que se encuentran privadas de libertad sin una condena firme. Y también la prisión preventiva viola su propósito cautelar ante las circunstancias individualizadas del caso concreto y su uso prioritario agrava la situación de sobrepoblación carcelaria”, dijo.
“En El Salvador se han producido condiciones inhumanas, por eso recomendamos remediar de manera inmediata cualquier situación de hacinamiento. Liberando a las personas inocentes arrestadas bajo el régimen de excepción”, acotó Schuld.
El CIS considera que se debe verificar a profundidad los registros del Sistema de Tratatamiento de Información (SATI) y el registro de Información Relacionada con Actos Delictivos (OLF), pues muchas personas denunciaron que fueron agregadas a estos mecanismos el día de su arresto, mientras otros al día siguiente.
Schuld también compartió que hay testimonios firmes de familiares que hubo “manipulación” por parte de militares en las capturas de jóvenes isleños, como el caso del sargento Montesinos, quien declaró “que los agarraron planeando llevar comida a pandilleros”, cuando fueron casa por casa capturándolos.
“Estas personas deben ser puestas en libertad si no hay pruebas distintas al acta policial. Además, los que han sido incluso durante el régimen de excepción deben ser revisados, ya que a menudo las autoridades tomaban el DUI y la foto de una persona aprovechando el régimen, la ficharon en el sistema y luego regresaban a arrestarla, argumentando que estaba ya fichado”, argumentó.
“El SATI es el Sistema de Tratamiento de Información que vincula a alguien con una estructura criminal y la OLF es el registro de información que relaciona a la persona con un acto delictivo. Deben liberar a las personas que fueron detenidas en sus domicilios, y no en las calles o realizando actos delictivos, como ha sido falsamente reportado por las autoridades”, expresó Schuld.
Asimismo, considera el CIS que se deben dejar en libertad a las personas que fueron detenidas con antereoridad y que fueron absueltas, sobreseídas o hayan pagado su concena en la cárcel por su delito. Y no tratar que por estos antecedentes volverlos a capturar.
“Deben liberar a los migrantes deportados que están siendo arrestados desde abril de 2024 y que no tienen antecedentes ni pruebas de ser miembros de una pandilla”, indicó.
“Liberar a los 17 miembros de la Isla Espíritu Santo, que siguen en prisión, concediéndose libertad bajo medidas sustitutivas hasta el juicio en todos aquellos casos en que no hay pruebas de se haya cometido un delito o de pertenecer a una panilla”, agregó Schuld.
El Centro de Intercambio y Solidaridad recordó a las autoridades judiciales que las “condenas se basan en pruebas y no únicamente en la palabra de oficiales o militares”, quienes efectuaron los arrestos en el territorio.
“Se debe concentrar la investigación utilizando apropiadamente la tecnología y los registros reales de miembros de pandillas del que tienen información concreta sobre sus acciones, lo cual, está disponible en la Policía Nacional Civil “, recomendó Schuld.
