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Gabriela Sandoval
@Garbriela_Sxndo
El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) declaró que no reconocer al nuevo gobierno de Nayib Bukele, ya que lo considera un “gobierno ilegítimo e inconstitucional”.
“Estamos aquí para demostrar que no todos los salvadoreños votaron por Bukele, a pesar de lo que él dice para justificar sus acciones ilegales”, mencionó un vocero de CISPES.
Asimismo, organizaciones religiosas y de solidaridad en Washington DC, Chicago, Seattle, Los Ángeles, San Francisco, Ottawa, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y Oslo manifestaron su “indignación por los abusos sistemáticos del estado de excepción”. De acuerdo con las organizaciones, son 80,000 las personas detenidas sin orden judicial, y otras 300 muertas bajo custodia, además de la persecución de defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos.
Por otro lado, las organizaciones denunciaron las “desapariciones forzadas” bajo el régimen de excepción, homicidios, y la violencia contra mujeres, afrodescendientes y comunidad LGBTQ+.
“Denunciamos las desapariciones forzadas bajo el régimen de excepción y el incremento de desapariciones y homicidios que el gobierno de Bukele oculta para promover una imagen falsa de un país seguro; y la violencia contra las mujeres y las comunidades indígenas, afrodescendientes y LGTBQ+”, manifestaron.
En cuanto a la detención de los siete dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, CISPES consideró que los veteranos capturados “reflejan la represión que vivió el pueblo salvadoreño durante los años del conflicto armado, que obligaron a miles de salvadoreños, incluidos muchos de nosotros y nuestras familias, a huir de El Salvador a ciudades de Estados Unidos y de todo el mundo”.
CISPES exigió la liberación inmediata de los veteranos capturados.
De la misma manera, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), en la resolución del 31 de mayo, solicitó a los gobiernos del mundo que “suspendan todo apoyo militar y financiero a un régimen que mantiene un estado de excepción permanente contra la población”.
“COPPPAL se pronuncia por el retorno de El Salvador al ordenamiento constitucional y democrático, exhorta a los gobiernos y a las fuerzas democráticas y progresistas del mundo a proceder conforme a las normas del derecho internacional democrático, desconociendo al gobierno de facto, pronunciándose por la restauración democrática y suspendiendo todo apoyo militar y financiero a un régimen que mantiene a la ciudadanía bajo un estado de excepción permanente”, mencionó.
Finalmente, CISPES afirmó que el 1 de junio se consolidó un régimen antidemocrático “que descansa en el fraude, la represión, la persecución política y la corrupción. Un régimen que desaloja y criminaliza a las mayorías trabajadoras, que busca saquear al país y su riqueza natural para su propio enriquecimiento y el de las grandes empresas extranjeras”.
