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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Comité en Solidaridad con el pueblo de El Salvador (CISPES) exigió la libertad inmediata de Medardo Arnoldo Rodríguez y Alejandra Jeannette Cañas, quienes recientemente habían sido elegidos como dirigentes del consejo comunal de La Floresta en San Juan Opico, La Libertad, en representación de aproximadamente 100 familias que habitan esas tierras desde hace más de 15 años.
En mayo de 2024, personas que decían ser los propietarios de las tierras intentaron, ilegalmente expulsar a las familias, con el apoyo del Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP) y de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), la Comunidad La Floresta se movilizó para fortalecer su organización y emprender una batalla legal con el objetivo de defenderse ante la amenaza de un desalojo injusto.
“La policía hostiga a la comunidad y el pasado 9 de febrero de 2025 encarceló a sus dirigentes electos sin motivo, estas acciones son típicas de las autoridades del gobierno de Bukele que, en lugar de proteger a las víctimas del desplazamiento, castigan y criminalizan la organización comunitaria”, expresó el CISPES a través de un comunicado.
El día de las detenciones, la comunidad estaba haciendo mediciones de sus propiedades como parte de los amparos legales que están tramitando, los líderes fueron atraídos con falsedades a una supuesta reunión con un fiscal que nunca tuvo lugar y luego fueron detenidos sin ninguna orden judicial.
Asimismo, el CISPES consideró que estas y otras detenciones arbitrarias son intentos del gobierno de Bukele para infundir miedo a las comunidades, que se atreven a ejercer sus derechos de organización para protegerse de quienes pretenden apoderarse de sus tierras.
El 13 de febrero, el BRP Y UNIDEHC, junto con miembros de la comunidad La Floresta presentaron una denuncia por coacción, amenazas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes contra los agentes que detuvieron a los líderes.
Al no tener argumentos y pruebas del cometimiento de delitos los agentes y detectives que llegaron al lugar crearon delitos y hechos falsos, inventando que los líderes comunitarios vendían lotes, cuando estas personas tienen más de 15 años de residir en la zona y al igual que el resto de familias han sido víctimas de vulneración al derecho de vivienda y desalojos arbitrarios.
“Nos unimos al BRP y a UNIDEHC en su llamado por la liberación inmediata de Medardo Arnoldo Rodríguez y Alejandra Jeannette Cañas, el fin de la práctica del régimen de Bukele es criminalizar a las comunidades que se organizan para defender sus derechos y tierras”, recalcó CISPES.
Según UNIDEHC, las acciones de los agentes que de manera prepotente, violenta y amenazante llegaron a la comunidad, se tienen documentadas en pruebas, grabaciones, videos, fotos y testimonios, las cuales presentarán a Fiscalía.
