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@JoaquínSalazar
El Decreto Legislativo número 927, view con fecha de emisión del 20 diciembre de 1996, check en el que nace la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, es cuestionado por cinco ciudadanos, quienes interpusieron una demanda ante la Sala de lo Constitucional, al considerar que fue aprobada sin respetar el debido proceso de formación en la Asamblea Legislativa.
Héctor Carrillo, abogado de la república y ciudadano salvadoreño, explicó que la iniciativa busca revertir la Ley , con la finalidad de que vuelva al sistema público, el cual fue privatizado en enero de 1997, con la creación de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP ).
“Consideramos que con una sentencia de la Sala de lo Constitucional en este tema (pensiones), se estaría poniendo fin al sistema privado de pensiones y se estaría llevando al sistema público, lo cual vendría a garantizarle el pleno goce del derecho a la seguridad social, mediante una pensión digna y vitalicia”, afirmó Carrillo.
Según el abogado, mediante un estudio del expediente legislativo de la creación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, se detectó que el dictamen que sirvió de base para la formación de la Ley, en la comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, solo obtuvo seis firmas, cuando dicha entidad estaba conformada por 13 parlamentarios.
“Para tomar una decisión necesitaban siete votos, pero hay otras irregularidades, de esas seis firmas, hay dos que no corresponde a miembros de la Comisión y una tercera firma que la firmó otra persona a favor de un diputado, lo que representa una irregularidad en el dictamen”, detalló el abogado.
Los votos del dictamen favorable cinco pertenecen al partido ARENA mientras que el otro representa al partido PDC. Para Carrillo, esos seis votos obtenidos no eran suficientes para que la Ley pase al Pleno legislativo para su votación, por lo que no se respetó un debido proceso para la formación de la Ley.
“Esas circunstancia a nuestro juicio vulneran los artículos 2, 85, 86 y 235 de la Constitución de la República y eso se traduce en no haber respetado los principios que orientan los procesos de formación de Ley en la Asamblea, tanto democrático como pluralista”, recalcó Carrillo.
A juicio de los demandantes, no existe democracia para la conformación de la Ley, por lo que debe ser declarada inconstitucional y revertir así la conformación del sistema privado de pensiones y que resurja, sin la necesidad de una nueva Ley las entidades públicas de pensiones como el INPEP y el ISSS.
“Creemos que si se quiere hablar del mayor robo de la historia de El Salvador, ese lo constituye la privatización del sistema de Pensiones”, dijo Carrillo.
Los abogados esperan que bajo la argumentación presentada ante la Sala de lo Constitucional, los magistrados dicten inconstitucionalidad de la Ley, debido a procesos perpetrados por los parlamentarios de derecha.
“La Sala tendría que establecer las consecuencias de una eventual resolución, una es que queda sin efecto la normativa, un segundo aspecto es con respecto a los fondos que han sido acaparados por la AFP, tendría que pasar al sistema público de pensiones bajo una lógica distinta, basada en la solidaridad”, explicó Carrillo.
Y es que El Salvador es uno de los 13 países alrededor del mundo que tiene un sistema de pensiones privados, la mayoría son públicos o son mixtos, solicitud del gobierno salvadoreño con las pensiones.
